La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más combativo contra el Gobierno de Javier Milei, anunció un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre. 

Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, la medida de fuerza tendrá lugar para manifestar el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, comenzó a girar el borrador de la legislación que ingresaría la próxima semana al Senado de la Nación.

"Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo", dijo Aguiar. 

En esa línea, continuó: "No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos".

Según datos del Indec, en octubre la planta pública -incluyendo empresas y sociedades estatales- contaba con 285.570 trabajadores, mientras que en la previa a la asunción del actual Gobierno -mediados de 2023- era de 350.000 empleados.

A este 17% de ajuste que hizo en los dos años de gestión, el Gobierno pretende sumar otro 10% en los primeros meses de 2026, a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. Aunque los gremios creen que la cifra puede ser mayor, sobre todo por el nivel de precarización.

A partir del año que viene, el foco libertario se desplazará hacia organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran el Conicet, el Indec, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA, el INTI, el Enargas, el Enacom, el ENRE, el ARCA y la Archivo General de la Nación, entre otros.

Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas que consideren redundantes. Asimismo, se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían privatizarse.