El panorama que atraviesan hoy las pequeñas y medianas empresas del país combina tres factores explosivos: caída de ventas, pérdida de puestos de trabajo y rentabilidad en mínimos históricos. En ese contexto, más del 13% de los empresarios reconoce que podría cerrar su negocio antes de que termine el año, una señal de alarma que vuelve a encenderse en todo el entramado productivo.

Puertas adentro, la situación es aún más cruda. Seis de cada diez pymes operan sin márgenes positivos y casi un cuarto directamente pierde dinero aun manteniendo su actividad. Con precios que no logran alcanzar el ritmo de los costos, alrededor del 40% se ve obligado a endeudarse no para invertir, sino para pagar impuestos o afrontar sueldos y aguinaldos.

El impacto ya se traduce en números concretos. En los últimos 20 meses se perdieron más de 300.000 empleos formales, mientras que el país registra una baja superior a las 19.000 empresas inscriptas. La actividad permanece atada a sectores financieros o extractivos, mientras el aparato productivo se sigue reduciendo sin señales claras de recuperación.

Uno de los puntos más críticos es la brecha entre costos y precios. Según un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), el 88% de las firmas registró aumentos en sus costos y el 74% se vio obligado a remarcar.

Sin embargo, “los incrementos no alcanzaron a compensar la inflación”: los costos subieron en promedio 18,3%, frente a un 15,2% de incremento en precios, lo que terminó de erosionar la rentabilidad.

La falta de liquidez empuja a las empresas a un endeudamiento defensivo. El 28,5% tomó créditos para recomponer capital de trabajo, el 21,3% para cumplir con obligaciones impositivas y el 20,5% para pagar salarios. “La mayoría de los casos no estuvo vinculada a inversiones productivas, sino a la búsqueda de sostener la actividad básica ante la falta de liquidez”, sostuvo el informe.

La cadena de pagos también aparece cada vez más frágil. El 59% de las pymes indicó que sus clientes extendieron los plazos de cobro de manera unilateral y el 47% advirtió un mayor nivel de incumplimiento. En promedio, las empresas financian a sus clientes durante 37 días, mientras que pagan a sus proveedores a 30, lo que refleja “una cadena de pagos cada vez más ajustada”.

En diálogo con este medio, el presidente de ENAC, Diego Ojeda, fue contundente: “la problemática que nos afecta tiene que ver con que más del 70% de las empresas tuvo que aumentar los precios, sin embargo, no llegan a superar la alta suba de los costos. Esto genera que se pierda rentabilidad, y en muchos casos, esta pérdida hace que las pymes estén trabajando por debajo del punto de flotación”.

Los datos oficiales refuerzan esa fotografía. En agosto pasado, la cantidad de empresas aportantes registradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se ubicó en 493.193, por debajo del umbral simbólico de las 500.000. En términos interanuales, la caída fue de 6.842 unidades, mientras que el sector manufacturero perdió 1.095 empresas activas.

Las ventas tampoco muestran señales de alivio. El 40,4% de las firmas reportó caídas superiores al 10% en unidades durante el tercer trimestre, un impacto que trepa al 45,9% en la industria. Servicios, con una mejora leve del 6,6%, fue la única excepción, mientras que el comercio volvió a retroceder (-1,3%).

En este escenario, la utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 54,6%, por debajo del umbral considerado razonable. La subutilización se convierte en otro síntoma de la recesión prolongada que atraviesa el sector, y que también golpea de lleno al empleo: solo el 17,1% de las empresas incorporó trabajadores, frente a un 19,7% que redujo su dotación. En la industria, los despidos alcanzaron al 28,8%.

De cara al cierre del año, el clima es mayoritariamente pesimista. Casi ocho de cada diez empresarios creen que la economía empeorará y el 59% prevé un deterioro en su propio sector. Entre los principales obstáculos aparecen la caída del mercado interno (75%), la baja rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%). El 80% ya anticipó que no sumará personal en lo que resta de 2025 y el 65% no planea realizar nuevas inversiones.

“Hace un año ya alertábamos que habíamos perdido 10.000 pymes, por eso nos presentamos en el Congreso para entregar en mano el pedido de la Ley de Emergencia Pyme, que tiene dictamen, pero no se trató. En cambio, nos ponen en agenda la reforma laboral, que no es una agenda nuestra”, advirtió Ojeda.

Por último, concluyó: “Cuando hacemos nuestro relevamiento, la problemática de la cuestión laboral no está entre lo que más preocupa, por el contrario, el primer punto tiene que ver con la falta de ventas (…) parece que no le importa en absoluto la agenda de las pymes”.