Mientras que durante la gestión de Javier Milei ya hubo casi 60.000 despidos en la administración pública nacional y se espera una nueva poda para 2026, desde los sindicatos encendieron las alertas porque el 31 de diciembre se vencen unos 70.000 contratos y muchos de esos trabajadores no tienen certeza de su continuidad.

Según trascendió, el Gobierno libertario tiene en agenda una nueva profundización del achique del Estado, que se concretaría en otra tanda de despidos masivos de empleados públicos nacionales. El recorte podría equivaler al 10% de la planta que sobrevivió hasta ahora a la primera reducción de personal: es decir, unos 29.000 trabajadores.

Sin embargo, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que a fin de año termina el contrato de unas 70.000 personas en diversas oficinas y aún no hay una definición sobre el futuro. "Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales", enfatizó Rodolfo Aguiar, el secretario General de ATE Nacional.

ATE, que convocó a un paro nacional y movilizaciones en todo el país para el 9 de diciembre, está en estado de alerta no solo por los contratos que se vencen sino también por la reforma laboral que planea debatir el Congreso. En ese sentido, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron este miércoles una protesta en la avenida General Paz a la altura de Constituyentes, con algunos incidentes con la Policía. La protesta se produjo luego de que Gobierno oficializara la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI.

El ajuste, en números 

Desde la asunción de Javier Milei, 59.924 personas fueron desvinculadas, entre empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes de todo tipo. De acuerdo a los datos oficiales, si se compara octubre de 2025 con el mismo mes del año pasado, el achicamiento en la administración pública fue de 25.417 trabajadores.

Según datos del Indec, en octubre la planta pública -incluyendo empresas y sociedades estatales- contaba con 285.570 trabajadores. La cifra llegó a superar los 350.000 a mediados de 2023, para luego descender hasta el nivel actual.

A este 17% de ajuste que hizo en los dos años de gestión, el Gobierno pretende sumar otro 10% en los primeros meses de 2026, a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. Aunque los gremios creen que la cifra puede ser mayor, sobre todo por el nivel de precarización.

A partir del año que viene, el foco libertario se desplazará hacia organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran el Conicet, el Indec, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA, el INTI, el Enargas, el Enacom, el ENRE, el ARCA y la Archivo General de la Nación, entre otros.

Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas que consideren redundantes. Asimismo, se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían privatizarse.