En un despacho sin anuncios rimbombantes, el abogado Andrés Edelstein avanzó con un borrador que podría reconfigurar el sistema impositivo argentino. El corazón de su propuesta es un IVA dual, administrado en coordinación con las provincias, que sumaría ocho puntos a la alícuota actual para reemplazar -y erradicar- Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por su efecto cascada sobre precios y costos.

Edelstein no es un improvisado en la materia. Es director de BYMA, socio del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa y Asociados, y tuvo a su cargo la Secretaría de Ingresos Públicos durante la gestión de Nicolás Dujovne en el gobierno de Mauricio Macri.

Su proyecto retoma una idea largamente debatida y hasta ahora impracticable: quitar a las provincias el impuesto más distorsivo de sus cajas y sustituirlo por un tramo adicional del IVA.

La lógica del esquema es simple en el papel. Ingresos Brutos se cobra a lo largo de toda la cadena productiva, y esa acumulación -que puede duplicar o triplicar el impacto inicial de una alícuota del 3%- termina representando entre ocho y nueve puntos en el precio final. Bajo ese cálculo, llevar el IVA del 21% al 29% permitiría neutralizar el efecto sin encarecer los productos, aunque con una ventaja adicional para las empresas: esos ocho puntos serían plenamente desgravables.

Desde el Gobierno ven en el modelo una vía para ordenar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, descomprimir la carga impositiva efectiva sobre la producción formal. El IVA, a diferencia de Ingresos Brutos, no castiga la acumulación de etapas ni multiplica costos ocultos a lo largo del proceso. En teoría, el cambio limpiaría balances y reduciría litigiosidad.

El diseño, sin embargo, tropieza con su principal condicionante: el acuerdo político. Para eliminar Ingresos Brutos, las 24 provincias deben aprobarlo en sus legislaturas. Ni siquiera Domingo Cavallo, en su etapa de mayor poder, logró desarmar ese impuesto que se volvió esencial para las finanzas subnacionales. La historia reciente muestra que, sin consenso federal, cualquier reforma de fondo queda en punto muerto.

En ese tablero aparece una figura clave: Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral que integran todas las provincias y el Estado nacional. Su rol sería central para coordinar el nuevo esquema y arbitrar los conflictos derivados de la transición.

Además, su cercanía con Gabriel Michel, un peronista que viene trabajando su propio paquete de cambios impositivos, abre la puerta a una negociación más amplia en el Congreso.

Michel sostiene que la reforma tributaria no puede caminar sola. A su entender, debe articularse con modificaciones laborales para asegurar que la baja de la presión sobre el sector productivo se traduzca en más empleo formal y no sólo en un alivio contable para las empresas.

La Comisión Arbitral, justamente, tiene entre sus funciones armonizar regímenes provinciales que hoy se superponen y generan fricciones permanentes. Si hay un organismo capacitado para ordenar la transición de Ingresos Brutos a un IVA compartido, es ese. Pero el desafío no es técnico: es fundamentalmente político y fiscal.

Detrás del lenguaje técnico, la discusión encierra una puja de poder. Eliminar Ingresos Brutos implica que las provincias resignen autonomía recaudatoria a cambio de una porción mayor de un impuesto nacional. La pregunta que atraviesa los despachos no es si el sistema sería más eficiente, sino quién controla la llave de la caja en el nuevo modelo.

Así, mientras el oficialismo promete simplificación y competitividad, el borrador de Edelstein se convierte en una señal de lo que viene: una batalla silenciosa por el rediseño del federalismo tributario, donde el IVA podría dejar de ser sólo un impuesto nacional para transformarse en la base de un nuevo pacto fiscal.