El borrador del proyecto educativo que circula dentro del oficialismo abrió un fuerte debate entre especialistas, que advierten que la iniciativa busca redefinir el sistema desde una lógica de mercado y limitar el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La propuesta, titulada “Ley de libertad educativa”, otorga a cada escuela —pública o privada— la potestad de definir su plan de estudio, calendario, modalidad pedagógica y contratación docente. También habilita la educación en el hogar, introduce la enseñanza religiosa en instituciones públicas y reduce la carga horaria obligatoria establecida por el Consejo Federal de Educación. Para expertos, estas medidas favorecen la privatización del sistema y profundizan el desfinanciamiento, especialmente si se elimina el piso del 6% del PBI destinado a educación.

La filtración del borrador aceleró un debate que el Gobierno intentaba mantener fuera de agenda hasta su presentación oficial. Incluso desde dentro del propio espacio libertario circularon versiones que señalan tensiones internas en torno a la reforma.

Guillermo Ruiz, investigador del Conicet, advierte que el proyecto “es regresivo y contrario al marco constitucional”, mientras que Roberto Abdala, de la Universidad Nacional de Quilmes, remarca la preocupación que generó el simple hecho de leerlo. El modelo propuesto impulsa la competencia entre escuelas, elimina derechos laborales docentes y reduce la presencia estatal a un rol meramente subsidiario.

Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación del homeschooling, una práctica sin regulación local y asociada, en otros países, a grupos conservadores. En la Argentina, se estima que apenas el 2% de los estudiantes se educa bajo esta modalidad.

A esto se suma una tendencia más amplia: la caída del presupuesto educativo y la falta de un diagnóstico integral que sustente una reforma de esta magnitud. “No hay un análisis serio del sistema que justifique los cambios”, resume Ruiz.

Por último, el borrador también introduce modificaciones en la carga horaria. Mientras que el proyecto establece 540 horas reloj anuales para la educación inicial y 720 para la educación primaria y secundaria, en el presente, el Consejo Federal contempla un piso mínimo de 570 horas para el nivel inicial, 760 para primaria y 900 para secundaria. Es decir, la nueva medida representa una regresión de 30 horas menos para jardín, 40 horas menos para primaria y 180 horas menos para secundaria.