El Senado comenzó una semana decisiva con la revisión de los diplomas de los legisladores electos, un trámite que suele ser protocolar pero que esta vez quedó atravesado por un clima de alta tensión política.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Alejandra Vigo, celebró una reunión en la que el eje estuvo puesto en el caso de la rionegrina Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza (LLA), cuyo pliego se encaminaba al rechazo.

El panorama previo ya anticipaba un escenario adverso para la libertaria: no solo los ocho senadores de Unión por la Patria habían adelantado su negativa, sino que también se sumaron Juan Carlos Romero y el radical Pablo Blanco.

Pese a ello, la definición final quedará para la sesión preparatoria del 28 de noviembre, donde se resolverá si Villaverde está habilitada o no para jurar.

En una maniobra defensiva, el oficialismo presentó dos impugnaciones contra los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria. Pero la jugada duró poco: el bloque de UxP las rechazó de plano, dejando sin efecto el intento de equilibrar el tablero.

Mientras tanto, la comisión avanzó con lo que sí podía avanzar. Emitió dictamen favorable para los otros 21 senadores electos que no enfrentaron objeciones, quienes podrán asumir sin obstáculos.

El centro del conflicto, sin embargo, se mantuvo en la figura de Villaverde. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue categórico al justificar el rechazo: la Cámara alta, dijo, no puede permitir la llegada de una legisladora con “vínculos con el narcotráfico” que la vuelven “una persona indigna de estar en la banca”.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que Villaverde llegue a una banca en el Senado y por eso pedimos que sea reemplazada por quien le sigue en la lista, para que pueda jurar”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

En la antesala del debate formal, el senador formoseño insistió en los argumentos que su espacio pondrá sobre la mesa durante la discusión parlamentaria.

Mayans sostuvo que Villaverde tiene “relación con el narcotráfico que es un delito” y que, como consecuencia de ello, posee “la prohibición de ingresar a los Estados Unidos”. Una acusación que el peronismo considera determinante para impedir su llegada al Senado.

Con las posiciones cada vez más rígidas, la Cámara alta se encamina a una sesión preparatoria cargada de tensión política. El caso Villaverde dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en el primer gran choque del nuevo mapa parlamentario.

El desenlace, lejos de estar cerrado, promete una pulseada que definirá no solo una banca, sino también el tono del inicio legislativo.