El Gobierno le acercó a un grupo de empresarios cercanos algunos anticipos de la reforma laboral que prepara, y que prevé transformaciones para los diferentes tipos de trabajadores: monotributistas, autónomos, asalariados que tributan Ganancias y empresas.

Según un documento interno titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, el proyecto plantea una reducción de 8 puntos en las cargas patronales, junto con una revisión de los regímenes impositivos y de seguridad social.

El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa la iniciativa con el respaldo del sector privado, con el argumento de promover la formalización del empleo. En ese marco, se proyectan cambios en la Ley de Procedimiento Tributario y en la Ley de Seguridad Social, con foco en simplificar las obligaciones y ampliar la base de contribuyentes.

Uno de los puntos más sensibles del plan es la eliminación del régimen del Monotributo, que actualmente abarca a unos 3 millones de contribuyentes entre trabajadores independientes y autónomos.

La propuesta contempla que todos pasen al sistema de autónomos, siguiendo una recomendación del Fondo Monetario Internacional. El objetivo declarado es “blanquear” la actividad de los monotributistas bajo un esquema más rígido de control fiscal.

En el nuevo esquema, los autónomos verán aumentadas sus cuotas, con una escala que iría de $100.000 a $500.000, frente al rango actual de $50.000 a $700.000. Además, se habilitarán deducciones por gastos personales y se establecerá un mínimo de facturación sujeto al IVA equivalente a la Categoría F del monotributo, es decir, unos $3 millones mensuales.

En materia de Impuesto a las Ganancias, los cambios también son profundos. Hoy tributan 737.584 personas, de las cuales el 86% son empleados en relación de dependencia y el resto, jubilados o pensionados. El plan oficial crea un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025. A partir del segundo semestre del año próximo, un trabajador soltero sin hijos comenzaría a tributar sobre un ingreso bruto cercano a los $2.843.180 (unos $2.360.180 netos).

Con esta modificación, se sumarían alrededor de 3 millones de nuevos contribuyentes, obligados a emitir factura. La escala de alícuotas se mantendrá entre 5% y 35%, sin deducciones por cargas familiares ni de la cuarta categoría. Los gastos deducibles tendrán un límite de $5 millones, que abarcará alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, movilidad (no transporte público), y seguros, entre otros, mientras que los aportes a PAMI, ANSES, obras sociales y personal doméstico quedarán sin tope.

El plan se completa con la creación de un nuevo régimen de empleo, dirigido a empresas que contraten trabajadores en relación de dependencia. Aquellos empleadores que incorporen personal nuevo o que contraten a ex monotributistas o desocupados con más de seis meses sin trabajo accederán a una reducción de las contribuciones patronales del 25,5% al 17%. A su vez, los empleados verán reducidos sus aportes personales del 17% al 13%.

La reforma, aún en fase de elaboración, apunta a reconfigurar el esquema impositivo y laboral vigente, bajo la premisa de “formalizar la economía”, aunque sus efectos concretos -especialmente para los trabajadores independientes- siguen siendo objeto de debate dentro del propio Gobierno.