Luego de casi tres meses de trabajo, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar el escandaloso caso de la criptomoneda Libra, llegó a su conclusión y tiene previsto presentar su informe final el próximo 18 de noviembre. Este proceso, que ha estado marcado por una serie de desacuerdos políticos y judiciales, culminó con un fuerte enfrentamiento entre los diferentes bloques parlamentarios. En este contexto, la Coalición Cívica ya adelantó su intención de tomar acciones legales.

El diputado Juan Marino, quien participó activamente en las sesiones de la comisión, sostuvo que las pruebas obtenidas durante las reuniones apuntan a una posible irregularidad en el uso de atribuciones por parte del presidente Javier Milei. Marino presentó un informe detallado realizado por Fernando Molina, un experto en blockchain, que reveló que más de 140.000 billeteras virtuales estuvieron involucradas en transacciones con Libra. De esas billeteras, 36 habrían generado ganancias superiores a los 1 millón de dólares.

En otro de los puntos clave, y a instancias de la diputada Mónica Frade, la comisión acordó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para cuestionar un fallo de la Sala I de la Cámara Federal que había desestimado la solicitud de auxilio de la fuerza pública en la investigación. Además, la comisión decidió avanzar con denuncias penales contra varios funcionarios, entre ellos el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano, y varios miembros del Gobierno, entre ellos el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, resaltó que el trabajo realizado por la comisión incluyó 11 sesiones de trabajo y la recolección de valiosos documentos provenientes de exchanges, organismos públicos y expertos, que ahora forman parte de un expediente de 10 cuerpos que será enviado al Juzgado Federal a cargo de Martínez de Giorgi.

La postura del oficialismo y el cruce de acusaciones

El cierre de la comisión también estuvo marcado por un enérgico rechazo del oficialismo, que acusó a la investigación de estar viciada desde su inicio. En particular, la diputada Alida Ferreyra, de La Libertad Avanza, calificó el proceso como “ilegal” y aseguró que la comisión había violado derechos fundamentales al intentar citar con fuerza pública a personas que no estaban formalmente acusadas en el caso.

A su vez, la diputada Sabrina Selva, que representa al oficialismo, descalificó el trabajo de la oposición, señalando que “nosotros no interferimos en la investigación judicial. De hecho, nos hemos mantenido ausentes de la comisión en señal de protesta ante su parcialidad". En respuesta, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, le recomendó al oficialismo "leer el reglamento de la comisión con más atención" y negó que haya habido intromisión en las investigaciones judiciales.

En ese marco, Selva reveló que la comisión descubrió transacciones de criptomonedas que coinciden con los pagos mencionados en un supuesto "acuerdo de cooperación", filtrado por el periodista Hugo Alconada Mon. Según este acuerdo, se habrían pactado pagos de 300.000 dólares iniciales y 250.000 dólares mensuales a cambio de la representación exclusiva del Estado argentino en temas relacionados con blockchain.

El rastreo de fondos en criptomonedas

En el último capítulo de esta compleja investigación, Binance confirmó que una billetera vinculada a Mauricio Novelli recibió transferencias de 300.000 dólares entre el 19 y el 30 de noviembre de 2024, además de otros 250.000 dólares el 17 de enero de 2025, coincidiendo con el cronograma del acuerdo. De esos fondos, al menos 30.897 dólares fueron trasladados a billeteras de diferentes exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance.

A raíz de esta nueva información, la comisión concluyó que estas operaciones podrían estar relacionadas con pagos realizados por Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, en el marco del acuerdo señalado. En consecuencia, la comisión se dispone a enviar nuevos oficios a las plataformas para rastrear el destino final de esos fondos.

Con el informe final a la vuelta de la esquina, el caso Libra sigue siendo un tema candente, tanto en el ámbito judicial como en la arena política, donde las diferencias entre oficialismo y oposición continúan profundizándose. El próximo 18 de noviembre, la comisión presentará sus conclusiones definitivas, lo que podría generar un cambio significativo en el curso de la política argentina y en la regulación de las criptomonedas en el país.