OBRAS SANITARIAS
La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este miércoles desde horas de la mañana su Congreso Nacional Ordinario, en busca de alcanzar la unidad con dos nombres que, según se filtró a la prensa en las últimas semanas, estarían asegurados en el nuevo triunviro: Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio).
El intento por converger en la unidad llega hasta el relegado Luis Barrionuevo (Gastronómicos), aunque las conversaciones seguían en un clima frenético en las instalaciones de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez.
Quienes salgan elegidos, deberán sentarse en la mesa del gobierno del presidente Javier Milei para discutir, nada más y nada menos, que la reforma laboral. Se trata de uno de los proyectos que Milei apuntalará con más fuerza en 2026, y donde la postura de la central obrera tendrá un rol para nada despreciable.
Mientras desde muchos sectores de las bases y de la militancia política se viene reclamando un mayor grado de confrontación al programa económico de Milei y su ministro, Luis Caputo; el Gobierno espera encontrar en el nuevo triunvirato una dirigencia más permeable a sus planes de presunta modernización del mercado laboral.
Para esto, la Casa Rosada comenzó a allanar el camino poniendo a la CGT en una posición de necesidad: se congeló un desembolso de fondos que el Gobierno se había comprometido a pagarle a las obras sociales sindicales, y todo hace parecer que los usará como palanca para condicionar la actuación de la central obrera en el marco del debate.
El panorama para el sector gremial se vio severamente transformado desde las elecciones provinciales bonaerenses, luego de las cuales las estrategias estaban apuntadas a presionar y desgastar a un Gobierno que -en teoría- había perdido el apoyo masivo.
Pero las elecciones nacionales, con Milei a la cabeza, mostraron un escenario radicalmente diferente del que habían ido pintando las provinciales a lo largo y ancho del país, donde La Libertad Avanza no había logrado pisar fuerte contra el aparato de gobernadores e intendentes.
Si hasta hace algunas semanas la premisa era bloquear cualquier tipo de Reforma Laboral y Sindical, amparados en un Congreso con cómoda mayoría peronista, en las horas previas al Congreso de este miércoles reinaba un clima menos ordenado y más proclive a sorpresas.
Las voces oficiales ya habían adelantado que el foco está puesto en la ultraactividad de los convenios colectivos y en dar mayor preminencia a acuerdos por empresa por encima de los de rama.
El lunes se conocieron en medios gremiales especializados presuntos puntos de un proyecto que se habría filtrado desde la mesa conformada para ese objetivo y de la que participa, por decisión del Poder Ejecutivo, el titular de UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.
Según las versiones, el proyecto buscaría dejar sin efecto convenios ya vencidos y, para ello, incluiría una cláusula transitoria con un plazo de un año para que las partes -convocadas por la Secretaría de Trabajo- ratifiquen, revisen o dejen sin efecto los convenios actuales.
El portal Mundo Gremial señaló que se introducen modificaciones a las leyes 14.250 y 23.551, incluyendo la caducidad automática de convenios vencidos y la denominada “prelación inversa” que daría mayor jerarquía a acuerdos sectoriales y regionales que a los de orden general.
Además, se establecería la restricción de aportes solidarios de cámaras a sindicatos sobre el total de plantillas, habilitando a la vez mejoras puntuales para afiliados.
Según el mismo portal, también se impondría autorización patronal para la realización de congresos y asambleas cuando su realización implique un desafío a la parte empresaria, y se profundizaría la regimentación de medidas de acción directa, como bloqueos y tomas, habilitando sanciones administrativas, civiles y penales.
Entre otros puntos, se reduciría la capacidad de elección y acción de delegados en empresas al disminuir la proporción de representación y créditos horarios para ejercicio gremial.
Se minimizarían los fueros gremiales excluyendo suplentes, congresales y candidatos opositores no oficializados, y se ampliarían las acciones consideradas prácticas desleales, incluyendo asambleas, afiliaciones presuntamente compulsivas y violaciones de conciliaciones obligatorias, con sanciones y multas para individuos y organizaciones. También se prohibirían medidas gremiales en disputas por encuadramiento.
