El impacto del ajuste económico comenzó a impactar con fuerza en la movilidad cotidiana de los argentinos, que ya reducen hasta el uso de los medios de transporte más accesibles.

Los incrementos en las tarifas del transporte público, sumados a la pérdida de poder adquisitivo, provocaron una caída significativa en la cantidad de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), los viajes se redujeron entre un 12% y un 18% respecto de los niveles de 2023 y 2024.

En términos reales, el boleto de subte aumentó un 300%, el de tren un 284% y el de colectivo un 150%. A raíz de esta suba, el gasto en transporte ya es de más del doble dentro de los salarios promedio, que aumentaron muy por debajo.

El estudio precisa que actualmente “ir y volver del trabajo en subte se lleva, por mes, el 3% del salario de un trabajador privado. Antes de Milei, representaba menos del 1%”.

El Gobierno de Javier Milei aplicó una política de desregulación tarifaria que modificó la estructura de precios relativos. El resultado es un panorama donde los gastos fijos, como servicios públicos y alquileres, ganaron peso en la canasta familiar, desplazando el consumo de alimentos y medicamentos.

En paralelo, casi la mitad de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito y la morosidad del crédito a familias alcanzó el 6,6%, el valor más alto desde 2008.

El deterioro salarial acompaña ese proceso. Según los últimos datos del INDEC, el sector privado permanece estancado en los niveles de fines de 2023, mientras que el sector público nacional perdió más del 30% de su poder adquisitivo.

Los acuerdos paritarios avanzan al ritmo más lento de los últimos cinco años, lo que amplía la brecha entre los trabajadores de ingresos altos y bajos.

La administración libertaria, además, busca profundizar el ajuste fiscal para alcanzar un superávit del 1,6% del PBI este año. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para lograr ese objetivo el gasto no indexado debería caer hasta un 16% real interanual en los últimos meses del año.

Los recortes alcanzarían subsidios a la energía y al transporte, salarios estatales, transferencias no automáticas a provincias y obra pública.

El Gobierno ya anunció nuevas subas de tarifas desde noviembre: el gas aumentará un 3,8% promedio a nivel nacional —por encima del 2% mensual de inflación proyectado— y también se prevén incrementos en electricidad, agua, transporte (4,1% en el AMBA) y combustibles (entre 1% y 1,5%).

El caso del transporte público ilustra el impacto social de las medidas. Los boletos subieron entre 150% y 300% en términos reales desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, y el número de pasajeros sigue cayendo. “Los tres medios de transporte fueron menos usados que en 2024, una caída que todavía no remonta”, concluye el informe del IAG.