La mañana del martes 28 de octubre amaneció en la ciudad de Río de Janeiro marcada por un nivel de violencia pocas veces visto. Aproximadamente 2.500 agentes —policías civiles, militares y fuerzas especiales— irrumpieron en los complejos de favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de la ciudad, con blindados, helicópteros, drones y una planificación que, según el gobierno estatal, llevaba “más de 60 días de preparación”. 

El objetivo declarado fue la organización criminal Comando Vermelho (CV): frenar su expansión territorial, capturar a sus cabecillas y golpear su infraestructura, según explicaron las autoridades. 

El saldo: 64 muertos y decenas de detenidos

Al cierre de la jornada, el Gobierno estatal confirmó que al menos 64 personas murieron en el operativo, entre ellas cuatro policías.   Además, fueron detenidas 81 personas.

Las autoridades incautaron armas de gran poder —rifles de alto calibre— y una gran cantidad de drogas en los puntos intervenidos. Los enfrentamientos se extendieron durante horas, con barricadas, vehículos incendiados, uso de drones por parte de los criminales para atacar a los agentes y una sensación general de batalla urbana dentro de las favelas. 

¿Qué desencadenó este operativo?

El Comando Vermelho, fundado hace décadas en cárceles de Río de Janeiro y con fuerte presencia en las favelas de la ciudad, es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Brasil.  Las autoridades estatales señalaron que la operación era necesaria para frenar su dominio en zonas que se consideran estratégicas para el tráfico de drogas y armas. 

El gobernador del estado de Río, Claudio Castro, calificó la acción como “la mayor operación ya realizada en Río de Janeiro” y dijo que la ciudad estaba “en guerra” contra el narcotráfico. 

Las favelas convertidas en zona de conflicto

Los barrios donde se desarrolló el operativo —Alemão y Penha— son densamente poblados, con calles estrechas y viviendas superpuestas, lo que generó un escenario caótico cuando arrancó la acción policial. Habitantes relataron que los tiroteos comenzaron de madrugada, que los vecinos permanecieron encerrados por horas y que varios servicios básicos fueron interrumpidos. 

Escuelas cerradas, autobuses desviados, avenidas bloqueadas: la vida cotidiana se paralizó. 

Críticas y dudas: ¿guerra o matanza?

Organizaciones de derechos humanos y ONG denunciaron que lo ocurrido supera los “operativos tradicionales de seguridad” y que bordean una “política de exterminio”. Un comunicado conjunto de 27 organizaciones afirmó que “la seguridad no se logra con sangre” y que la operación expone “el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad” del estado. 

Entre los señalamientos están la alta letalidad, la escasa transparencia en las muertes registradas, el riesgo para civiles —habitantes de las favelas— y la falta de explicaciones claras sobre los criterios de uso de la fuerza.

Gobernador bolsonarista

Vale destacar que el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, solicitó que el gobierno federal envíe a las Fuerzas Armadas para sumarse al combate contra los narcos . Y justificó la violencia desplegada por las 2,5 mil tropas movilizadas desde primera hora de este martes,alegando que los miembros del Comando Vermelho no son delincuentes comunes sino “terroristas” contra los cuales es necesario utilizar todo el poder de fuego del Estado.

“Son terroristas”, se sumó un columnista de la filial brasileña de la cadena estadounidense CNN, a la cual el gobernador Castro le concedió una entrevista.

Ese canal de noticias también fue beneficiado por la policía, que le cedió las imágenes captadas por sus helicópteros de los posibles narcos escabulléndose en lo alto de las favelas del Alemão y Penha.

Lula

La crisis sorprendió al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio del viaje de retorno de Malasia donde el domingo se reunió con su colega norteamericano, Donald Trump.

Desde el avión de la Fuerza Aérea que lo trae de regreso al país, autorizó a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y su ministro de la Casa Civil, Rui Costa, que convoque una reunión urgente en el Palacio del Planalto para discutir sobre la crisis.

Antes de comenzar el encuentro el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowsky, anticipó la reticencia de la administración Lula en firmar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) necesario para que los militares se desplacen hasta Río de Janeiro.

La militarización más que una opción, es una línea roja: si el gobierno la atraviesa fortalece la tesis de que el narco es un asunto propio de la defensa nacional, tal como lo plantea el gobernador Castro y el bolsonarismo en general.