La contundente victoria electoral del Gobierno nacional en las elecciones de medio término generó un giro de 180 grados en su relación con muchos de los actores políticos del país, y tal como adelantó el presidente, Javier Milei, en su discurso post electoral, inmediatamente iniciaron las actuaciones para impulsar las reformas que busca el Gobierno.

En este sentido, una de las primeras medidas que buscará sacar en un renovado Congreso, con viento a favor y una virtual primera minoría, es la Reforma Laboral.

Para esto, la Casa Rosada comenzó a allanar el camino poniendo a la CGT en una posición de necesidad: se congeló un desembolso de fondos que el Gobierno se había comprometido a pagarle a las obras sociales sindicales, y todo hace parecer que los usará como palanca para condicionar la actuación de la central obrera en el marco del debate. 

Este jueves tendrá lugar una reunión de una mesa chica de los representantes gremiales, que incluirá algunos nombres más que los de la cúpula. Allí se analizará este nuevo escenario y se pondrá en diálogo con otro evento de relevancia para la CGT: la elección de una nueva conducción el 5 de noviembre.

El panorama se vio severamente transformado desde las elecciones provinciales bonaerenses, luego de las cuales las estrategias estaban apuntadas a presionar y desgastar a un Gobierno que, presuntamente, había perdido el apoyo masivo.

Pero las elecciones nacionales, con Milei a la cabeza, mostraron un escenario radicalmente diferente del que habían ido pintando las provinciales a lo largo y ancho del país, donde La Libertad Avanza no había logrado pisar fuerte contra el aparato de gobernadores e intendentes.

Si hasta hace una semana la premisa era bloquear cualquier tipo de Reforma Laboral y Sindical, amparados en un Congreso con cómoda mayoría peronista, por estas horas reina el desconcierto y la incertidumbre en la sede de Azopardo. 

La situación se agudiza teniendo en cuenta que el Gobierno, a través del ministro de Salud Mario Lugones, le había prometido una asistencia de $60 mil millones a varias obras sociales de los gremios más multitudinarios.}

Se trataba de una partida establecida por la administración de Mauricio Macri como parte de una negociación con la CGT para posibilitar la Cobertura Universal de Salud (CUS) con un fideicomiso de administración que no fue ejecutado en su totalidad, y cuyos fondos aún se encuentran en las arcas del Estado Nacional.

Pero todo cambio tras los primeros resultados del domingo, que le dieron al Gobierno el sustento legislativo (y su correlato de respaldo social) para afrontar con viento a favor las reformas que pretende implementar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a pedido de un estrecho círculo de grandes empresarios nacionales.

Entre otras transformaciones, esta iniciativa incluiría graves retrocesos para la masa trabajadora, como negociaciones laborales y salariales que habiliten reducir los salarios o empeorar las condiciones laborales (rompiendo con la lógica que obligaba a la patronal a ofrecer incentivos positivos para los acuerdos) o la ampliación de la jornada laboral hasta 12 o 13 horas.

Los borradores a los que tuvo acceso la prensa también prevén el fin de la ultraactividad (garantía de vigencia de los convenios incluso después de su vencimiento hasta la firma de sus reemplazos); el fraccionamiento de vacaciones e indemnizaciones; la introducción de nuevos mecanismos que reemplacen la indemnización (como fondos de cese laboral); la duplicación del período a prueba de 3 a 6 meses y hasta la vuelta de los tickets de comida.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró en ocasiones anteriores que las intenciones son avanzar hacia la formalización laboral. Sin embargo, crecen las versiones de que se buscará legalizar la precarización e incluir como trabajadores formales a los monotributistas, más que mejorar las condiciones para la relación laboral de dependencia.

El titular de la cartera de Trabajo deslizó que se promoverán los aumentos “por mérito”, fortaleciendo mecanismos discrecionales de la patronal, y aumentando las asimetrías entre las partes empleadoras y empleadas. Incluso se prevé que los aumentos puedan ser reversibles, en caso de que lo requieran los empleadores.

Estas intenciones van en línea con las actuaciones de Cordero a lo largo de este año, que incluso se negó a homologar acuerdos salariales negociados libremente entre las partes, como el de los empleados de comercio a mitad de año.

En esa ocasión, ni siquiera el libre acuerdo entre privados satisfizo las necesidades de una administración que -cuando se trata de sus objetivos- no titubea en intervenir como los 'partidos del Estado' que cuestiona con vehemencia. Ni más ni menos que ejercicio del poder.

Este cambio de postura gubernamental, con congelamiento de fondos incluido, se mete de lleno en la política interna de la CGT, donde los dirigentes más alejados de la actual conducción ya tomaron nota del nuevo escenario y esperan agazapados la respuesta del triunvirato.

Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros) deben dejar sus lugares como secretarios generales, y el único nombre que resuena sólido es un alfil de Daer, el titular de empleados de aseguradoras, Jorge Sola.

Otro de los que mantiene aspiraciones es el titular del sindicato de empleados del vidrio, Cristian Jerónimo, que no es bien visto desde las usinas de algunos gremios de peso y se le ha cuestionado la injerencia en internas ajenas, como la de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, ve en Jerónimo un aliado para sus planes de diálogo estrecho con el Gobierno libertario.

Hugo Moyano, por su parte, enfoca sus esfuerzos en respaldar la continuidad de Argüello en el triunvirato, pero choca con el también histórico dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, que considera que la banca del hijo de Moyano, "Huguito" Antonio, en el Congreso Nacional ya es suficiente premio para el camionero.

Barrionuevo ya aceptó la salida de su aliado Acuña y pretende instalar nombres de su entorno.

Maia Volcovinsky, la numero dos de la Unión de Empleados de la Justicia nacional (UEJN) pica en punta para los sectores que bregan por una presencia femenina que sacuda la cúpula de la central obrera. 

En este río revuelto que dejaron las inesperadas elecciones nacionales, la CGT se reunirá este jueves y no se descarta que, a tono con los acontecimientos recientes, pueda haber una sorpresa en la decisión del 5 de noviembre. El fortalecimiento del Gobierno y los fondos congelados podrían interferir en la estrategia de la central de cara a los próximos dos años.