La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), históricamente reconocida por su excelencia académica y su aporte al desarrollo agropecuario nacional, atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. En los últimos dos años, la institución perdió cerca del 15 % de su planta docente, una cifra que refleja con crudeza el deterioro general que viven las universidades públicas argentinas bajo el actual contexto económico y político.

El proceso de desintegración docente comenzó a visibilizarse con fuerza a mediados de 2024, cuando la decana Adriana Rodríguez advirtió públicamente que más de 30 profesores e investigadores habían renunciado por la imposibilidad de sostener sus cargos con los sueldos vigentes. Según distintos relevamientos, la pérdida de poder adquisitivo del personal docente y nodocente ronda el 29 % en los últimos veinte meses, mientras que, en el conjunto de la UBA, los salarios reales cayeron hasta un 51 % frente a la inflación acumulada. Aun los cargos con dedicación exclusiva —tradicionalmente los mejor remunerados— apenas alcanzan cifras que en 2024 no superaban los 900.000 pesos mensuales, muy por debajo del costo de vida actual.

La consecuencia inmediata ha sido una fuga sostenida de profesionales altamente calificados. En FAUBA, los docentes con doctorado y experiencia en investigación aplicada han migrado hacia universidades del exterior o hacia el sector privado, donde las condiciones laborales son significativamente más favorables. Muchos otros han optado por reducir sus dedicaciones exclusivas a cargos parciales para poder complementar ingresos en empresas, consultorías o proyectos independientes. Este fenómeno no sólo reduce la cantidad de horas cátedra disponibles, sino que desarticula equipos de investigación y líneas de trabajo consolidadas que sostenían la producción científica de la facultad.

El problema salarial es apenas una expresión de un cuadro más amplio de asfixia presupuestaria. Las universidades nacionales vienen denunciando desde principios de 2024 que el financiamiento estatal quedó virtualmente congelado mientras los costos operativos —energía, servicios, insumos de laboratorio— se dispararon por la inflación y los aumentos tarifarios. En 2025, las transferencias del Estado al sistema universitario representan menos del 0,9 % del PBI, muy por debajo del nivel necesario para garantizar el funcionamiento básico. En FAUBA, la decana Rodríguez reconoció que “podemos sostenernos un tiempo más”, pero que muchos proyectos de investigación se encuentran paralizados y las convocatorias a subsidios sufren retrasos o recortes.

El contexto político no ayuda. Desde su llegada al poder, el presidente Javier Milei ha mantenido una postura abiertamente crítica hacia el sistema universitario público, al que acusa de ineficiente y sobredimensionado. Su política de ajuste ha implicado presupuestos congelados, vetos a leyes de financiamiento y la ausencia de mecanismos de actualización automática frente a la inflación. En ese marco, rectores y decanos de todo el país hablan de una “muerte por inanición” de la universidad pública. Las masivas movilizaciones universitarias de abril y agosto de 2025, que congregaron a cientos de miles de estudiantes, docentes y graduados, no lograron revertir la decisión del gobierno de mantener el gasto educativo en niveles históricamente bajos.

En la Facultad de Agronomía, la situación adquiere una gravedad especial. Se trata de una institución estratégica, que forma profesionales en agro, ambiente y alimentación, sectores clave para la economía argentina. Cada docente que renuncia representa la pérdida de un eslabón en una red de conocimiento aplicada directamente a la producción y la sostenibilidad. Además, la reducción de la planta docente genera sobrecarga laboral en los profesores que permanecen, que deben cubrir más materias o grupos con menos recursos y en peores condiciones.

El impacto sobre los estudiantes también es evidente. Menos docentes significan menor oferta de materias optativas, demoras en las cursadas y menor disponibilidad para tutorías o investigación. En el mediano plazo, la calidad académica y la capacidad de innovación científica quedan comprometidas. “Lo que estamos viviendo es un proceso silencioso pero profundo —admiten desde la Facultad—. Si seguimos así, corremos el riesgo de desmantelar décadas de construcción institucional”.

La crisis en FAUBA no es un hecho aislado: forma parte de un deterioro generalizado del sistema universitario argentino. Se calcula que desde el inicio del gobierno de Milei renunciaron más de 10.000 profesores en todo el país, y que muchas universidades están operando al límite de sus posibilidades. En ese marco, el caso de Agronomía se vuelve un símbolo de una situación más amplia: la pérdida de una parte esencial del capital humano del país.

En definitiva, la pérdida del 15 % de la planta docente en apenas dos años no sólo refleja la magnitud del ajuste, sino también la fragilidad de un modelo que parece abandonar a la educación pública a su suerte. Sin una recomposición salarial urgente y una política activa de financiamiento, la Facultad de Agronomía —como muchas otras— podría enfrentarse a un punto de no retorno. Lo que está en juego no es sólo la continuidad de una institución, sino la capacidad del Estado argentino de sostener su propio conocimiento y su soberanía científica.