ESCENARIO POLÍTICO
Tras la victoria electoral de medio término, el presidente de la Nación, Javier Milei, adelantó que -con un panorama mucho más auspicioso en el Congreso- se viene una etapa mucho más "reformista" de su administración.
Las condiciones favorables templaron el carácter y la economía de palabras del mandatario, que también acusó el tirón de orejas desde Washngton. El directorio del FMI y su nuevo aliado, el Tesoro norteamericano, le reclaman sistemáticamente construir una previsibilidad y sustentabilidad no sólo económica sino también política.
Pero el carácter mesurado y las palabras blandas no implican que el Gobierno nacional vaya a moderar sus intenciones de transformar drásticamente aspectos de la vida social y económica del país.
La reforma laboral -reclamada por amplios sectores patronales del país- es sin dudas una de las prioridades de Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, y probablemente sea uno de los proyectos cuyo tratamiento acelerará ni bien comience a funcionar el Congreso con su flamante composición.
Desde hace meses, el reconocido economista Carlos Melconian viene sosteniendo como un mantra que la reforma laboral sólo hay que institucionalizarla, ya que el mercado la decretó de hecho.
La informalidad laboral superaba el 43% del universo de trabajadores activos, el empleo privado sufre desde hace años un desgaste sistémico y el empleo público alcanzó su techo; toda vez que Milei -cuyo apoyo fue ratificado el domingo pasado- alcanzó el sillón de Rivadavia blandiendo una motosierra y prometiendo un ajuste brutal en el gasto público.
Las intenciones del mandatario apuntan a flexibilizar las relaciones laborales hacia una suerte de libre acuerdo entre las partes y avanzando sobre derechos constitucionales para los trabajadores registrados.
Si bien pueden ser previsibles las resistencias y trabas desde los sectores sindicales, el oficialismo buscará apalancarse en el amplio espectro de trabajadores que no gozan de los beneficios del empleo 'en blanco', y también de los magros ingresos que percibe buena parte de los que sí -al menos- cuentan con la garantía de la formalidad.
Según algunos borradores a los cuales accedió El Destape, la propuesta del Gobierno buscaría formalizar la precarización laboral, vulnerando la obligatoriedad de derechos como el pago del aguinaldo, las vacaciones pagas o la extensión de la jornada laboral.
Según explicaron, un trabajador pasaría a encontrarse registrado a pesar de no percibir un recibo de sueldo si emite su factura en calidad de monotributista. Esto transformaría las cifras de informalidad notablemente, ya que son muchos los trabajadores que operan de esta manera, pero no termina de explicar cómo mejoraría su situación o la del mercado laboral.
Más bien, podría incentivar el incremento de mecanismos de empleo bajo términos precarios, ya que habilitaría a los empleadores a funcionar dentro de la Ley gastando menos en concepto de aportes y salarios. El informe también indica que los trabajadores que se encuentran correctamente registrados en unidades productivas de hasta cinco empleados podrían ser 'despedidos' para recontratarlos como monotributistas.
El empeoramiento general de las condiciones laborales, en las hipótesis del Gobierno, favorecería una dinamización de la demanda de empleados vía abaratamiento de costos.
Un razonamiento colateral de la famosa "teoría del derrame", base filosófica del liberalismo económico en nuestro país, que afirma que a mayor concentración de riqueza de los deciles más privilegiados, mayor será la inversión productiva y por ende la prosperidad de los que esperan en la base de la pirámide.
Para las empresas de mayor tamaño, el proyecto del Gobierno prevé reducir las sanciones para quienes contratan de manera informal, ya que se elimina la obligatoriedad de una indemnización por despido.
"Se logró una paz social encomiable desde el punto de vista sindical"
— Corta (@somoscorta) October 22, 2025
Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad social, destacó "las mesas de diálogo" entre ese sector y el Gobierno y dijo que una reforma laboral "apunta a la generación de trabajo". pic.twitter.com/TgegbnzS70
Si bien por el momento las propuestas de reforma laboral no parecen demasiado auspiciosas para la clase trabajadora, la realidad que viven los argentinos marca una necesidad evidente de transformar las condiciones para reducir notablemente la informalidad y elevar los ingresos.
Con viento a favor, Milei buscará reeditar intentos anteriores de la Reforma Laboral, de los cuales se desprenden otras ideas como eliminar las multas por trabajo, inspirada en el modelo que funcionaba antes de 1991; o duplicar el período de prueba (sin indemnización por despidos) de tres a seis meses para todas las relaciones laborales, favoreciendo las rotaciones sistemáticas que ya son una práctica recurrente.
También se impulsa -vía acuerdo colectivo- el empleo de un fondo de cese para pagar la indemnización por despido, similar al que se utiliza en la UOCRA. Esto incrementa los costos laborales corrientes de los empleadores, pero facilita las desvinculaciones.
También se crearía la figura de emprendedurismo, facilitando organizaciones donde un trabajador independiente puede tener "colaboradores", contratados como independientes sin una relación de dependencia. Se basa en un modelo laboral previo a leyes laborales rubricadas en el siglo pasado.
"Necesitamos encontrar, en cada actividad, elementos objetivos que muestren la eficiencia de cada trabajador. Se necesita un salario que se incremente de manera dinámica, que haya un incremento salarial que permita beneficiar en una porción al trabajador que le pone más entusiasmo, e incrementarlo mucho más al que da todo de sí por distintas razones", anticipó el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
