El gobernador Axel Kicillof autorizó una inversión de 1.400 millones de pesos para financiar obras de alumbrado público en barrios tomados de Bahía Blanca. El programa, enmarcado en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), será ejecutado por la intendencia de Federico Susbielles, que en los últimos meses había reclamado asistencia provincial ante el crecimiento de los asentamientos irregulares en el distrito.

Los trabajos se concentrarán en zonas usurpadas de Ingeniero White, Villa Bordeu y Spurr, donde se multiplicaron las ocupaciones de terrenos en los últimos años. El plan contempla la instalación de columnas, luminarias LED y tendido eléctrico de baja tensión.

Desde la oposición local y provincial salieron a cuestionar la medida. Legisladores de Juntos por el Cambio calificaron la decisión como un “premio a la ilegalidad” y denunciaron un uso discrecional del FIM en distritos alineados con el peronismo. “Mientras en los barrios consolidados hay calles a oscuras, el gobierno destina recursos a zonas ocupadas de forma irregular. Es una señal política peligrosa”, expresó un senador bonaerense consultado por Realpolitik.

En la municipalidad de Bahía Blanca, sin embargo, defendieron la medida. Desde el entorno de Susbielles argumentaron que las obras buscan garantizar seguridad y condiciones básicas de vida para cientos de familias que hoy habitan en sectores sin servicios públicos. “No se trata de avalar ocupaciones, sino de cuidar a personas que ya están viviendo allí”, señalaron.

El financiamiento se inscribe dentro de una política provincial más amplia que apunta a regularizar asentamientos y ampliar la infraestructura urbana. En Bahía Blanca, se estima que existen más de 40 tomas de tierra activas, muchas de ellas surgidas después de la pandemia y aún sin soluciones habitacionales definitivas.

De acuerdo con los registros oficiales, la provincia destinó más de $100 mil millones del FIM 2024 a obras de infraestructura local, con Bahía Blanca entre los municipios más beneficiados. El nuevo desembolso de $1.400 millones se canalizará a través del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, bajo la órbita de Gabriel Katopodis.

En paralelo, el Concejo Deliberante deberá aprobar las licitaciones correspondientes y el convenio marco con la provincia, que prevé un plazo de ejecución de 120 días.

Mientras tanto, en la Legislatura bonaerense, referentes opositores anticiparon que pedirán informes al Ejecutivo por el uso del fondo en barrios no regularizados y por la falta de transparencia en la distribución de recursos entre municipios.

Según un relevamiento del Observatorio Social de la UCA, la provincia de Buenos Aires concentra más del 40% de los asentamientos del país, y más de 1,2 millones de personas viven en barrios sin acceso formal a servicios básicos como agua, luz o cloacas.

Con la nueva inversión, Kicillof busca mostrar gestión territorial y reforzar la alianza con los intendentes del conurbano y del interior. Pero en Bahía Blanca, la polémica quedó instalada: la discusión ya no es sólo quién necesita la luz, sino quién paga por ella.