Mientras los ministerios bonaerenses multiplican licitaciones multimillonarias, los proveedores denuncian un fenómeno extendido: trabajos ejecutados y servicios prestados quedan paralizados en expedientes durante meses, hasta que un gestor interno cobra “comisión” por agilizar su pago.

Es lo que algunos llaman “trueque administrativo”, un mecanismo informal que consolida un Estado que cobra impuestos y tarifas pero demora sus pagos, y de paso se queda con un retorno para cumplir con sus obligaciones, según expuso recientemente un artículo de Realpolitik.

Empresarios describen cómo los expedientes “se pierden” dentro de los ministerios de Salud, Educación, Infraestructura o Comunicación Pública. Las empresas ganan la licitación, avanzan con los servicios, pero cuando llega el momento de cobrar “todo se traba”.

Extraoficialmente, surge la figura de operadores que prometen destrabar el trámite por un 10-15 % del monto o por una redeterminación de presupuesto favorable.

Los plazos de pago varían brutalmente: hay facturas con hasta siete meses de atraso. Algunos organismos reconocen que no pueden fijar una fecha cierta para cumplir. En el medio, los proveedores denuncian que solo quienes aceptan los bonos proyectados por el gobierno -a plazos y con tasas desfavorables- tienen alguna chance de cobrar algo antes.

Curiosamente, esos pagos diferidos conviven con nuevas adjudicaciones: el Gobierno provincial continúa lanzando licitaciones millonarias. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicación Pública autorizó una contratación de 1.491 millones de pesos a la empresa La Corte SA, vinculada al Grupo Indalo, bajo cuestionamientos de direccionamiento.

En Cultura y Educación, se denunció un pliego de más de 4.000 millones de pesos para mobiliario escolar con evidencias de sobreprecio y direccionamiento. Empresas que dicen poder fabricar esos bienes localmente quedaron afuera.

Para las pymes bonaerenses, este sistema genera una tensión insostenible: aceptar bonos con pérdida real o morir de impagos. “O aceptás el bono o perdés la obra”, repiten algunos contratistas como fórmula de “negociación obligada”.

El escenario tiene un efecto acumulativo grave: más de cien pymes bonaerenses al borde del cierre, retrasos de miles de millones de pesos en obras que no arrancan, y cadenas de producción locales que dependen de pagos estatales detenidos.