"PATRIMONIO HISTÓRICO"
El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), presentó un proyecto de ley para declarar "lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable" el terreno que ocupa el histórico Regimiento de Infantería 1 "Patricios", en el barrio porteño de Palermo.
La iniciativa busca frenar el remate de una porción de esas tierras, dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El proyecto, ingresado al Senado, propone además "afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino". De aprobarse la ley, las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o a fines científicos y culturales.
La iniciativa legislativa es una respuesta directa al llamado a Subasta Pública del Gobierno, que busca vender una superficie de aproximadamente 42.044 metros cuadrados del predio delimitado por las avenidas Bullrich, Cerviño, Santa Fe y Luis María Campos.
Remataron el predio del Regimiento de Patricios antes de que la Cámara de Diputados sancione mi proyecto de ley para impedirlo. En el gobierno son rápidos para los mandados. Rifan nuestra historia sin el menor pudor. Todo por un dólar. pic.twitter.com/pWmPOoku0L
— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) October 6, 2025
"En lugar de aprovechar la finalización de dicha concesión para recuperar este baluarte del patrimonio histórico y cultural de la Nación Argentina y, en particular, de su Ejército, el Poder Ejecutivo Nacional [...] dispuso el remate de esa fracción", argumenta Blanco en los fundamentos del proyecto.
El Regimiento de Patricios, cuyo origen se remonta a las invasiones inglesas de 1806, se instaló en el predio de Palermo en 1913. El conjunto de edificios y jardines ya fue declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional por un decreto del año 2010.
El proyecto de ley del senador radical busca dejar "sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno".
En sus fundamentos, Blanco recuerda que es una obligación del Congreso actuar en defensa de "un bien tan caro a los sentimientos de nuestra Nación" y cumplir con el mandato constitucional que le otorga la potestad de "disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional".
