A comienzos de septiembre, la planta de Ilva, una de las más relevantes en el rubro de pisos cerámicos ubicada en el Parque Industrial de Pilar, cerró sus puertas definitivamente. La decisión dejó a más de 300 empleados sin empleo, desatando una crisis laboral que incluye reclamos judiciales, protestas y una audiencia que no aportó avances.

Durante el mes de paralización previa al cierre, fueron escalando las tensiones en el predio, hasta que este martes los trabajadores bloquearon el acceso ubicado en ruta 8 km 60, como medida de fuerza para presionar a la empresa a que presente propuestas de indemnización.

Según el comunicado gremial de la Federación Obrera Ceramista (FOCRA), la compañía no presentó ofertas concretas bajo la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que vence mañana.

Delegados denuncian que Ilva no cumplió siquiera con la mitad de la indemnización legal y que habría intentado acogerse al artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis sin formalizar el procedimiento.

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Federico Achával visitaron la planta esta semana y expresaron respaldo a los trabajadores. Prometieron intervenir para defender los puestos de trabajo y garantizar que reciban lo que les corresponde.

El cierre de Ilva ocurre en un momento crítico para la industria ceramista. Los gremios calculan que las ventas del sector cayeron entre 25 % y 30 % frente al año anterior, afectados por el descenso del consumo interno, el aumento de costos energéticos y la competencia de productos importados.

Mientras tanto, la planta podía ser vista como un símbolo: Ilva, con décadas de presencia en el mercado, reflejaba la especialización local del segmento.

Su desaparición no solo deja familias sin sustento, sino que abre interrogantes sobre la capacidad de supervivencia de otras fábricas del rubro y de la industria argentina en general, en un contexto de desprotección de la economía nacional y mientras el mundo tiende a ponderar la producción local.