El fiscal Franco Picardi rechazó este jueves el pedido de nulidad presentado por la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga coimas por la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Para el funcionario, ese planteo persigue "entorpecer una investigación en curso" sobre hechos que calificó como de “especial importancia para la sociedad”.

La defensa de los Kovalivker había argumentado que los audios difundidos podrían ser adulterados, obtenidos de forma ilícita o incluso creados con inteligencia artificial. También reclamaron que se trataba de “una excursión de pesca” y que se violaban garantías de intimidad, argumentando que no había condiciones legales para usar esos registros.

Picardi respondió que las objeciones de la defensa están plagadas de contradicciones y carecen de sustento. Según el fiscal, los argumentos van en varias direcciones -si los audios son reales, si son públicos, si la privacidad fue afectada- pero sin evidencia concreta que invalide la investigación.

En su opinión, la justicia ya verificó que se apartó al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otras personas mencionadas en los audios, como paso institucional para permitir que siga el proceso judicial.

El fiscal también recordó que la denuncia original no se sostiene únicamente en los audios: existen informes periodísticos que apuntan a compras sospechosas, contrataciones dudosas con Suizo Argentina y otros actores, lo que da una base más amplia al caso.

Además, mencionó que hubo una decisión formal del Ejecutivo -mediante decreto- de apartar a funcionarios involucrados como Spagnuolo y Garbellini justamente para evitar interferencias y proteger la investigación.

Desde la defensa de los Kovalivker expresaron que la causa tiene "tinte político", que los medios influyen en las percepciones y que no se han demostrado irregularidades más allá de especulaciones. Sin embargo, Picardi rechazó esos planteos y los calificó de tácticas dilatorias, destinadas a frenar el avance judicial.

La decisión del fiscal ahora será revisada por el juez Sebastián Casanello, quien debe resolver si acepta el pedido de nulidad o si deja firme el procesamiento, lo que implicaría avanzar contra los implicados sin interrupciones.