El Gobierno se niega a cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la oposición se organiza para remover a Francos - Política y Medios
02-10-2025 - Edición Nº6453

MOCION DE CENSURA

El Gobierno se niega a cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la oposición se organiza para remover a Francos

A pesar de que el Congreso rechazó el veto presidencial, el Ejecutivo decidió unilateralmente suspender la aplicación de la normativa sancionada por el Poder Legislativo. Pichetto impulsa la remoción y el peronismo se pliega.

La República Argentina atraviesa horas críticas no sólo a nivel económico y financiero, sino también institucional. El Gobierno nacional se niega a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso y cuyo veto presidencial fue rechazado, bajo pretexto de que quedará suspendida hasta que la oposición explique de dónde saldrán los fondos.

La obsesión del presidente Javier Milei por el superávit fiscal se encuentra por encima de los más básicos mecanismos institucionales, y luego de su fallido intento de vetar la normativa, simplemente decidió que sólo cumplirá con las obligaciones que se ajusten a su antojo.

La grave afrenta al sistema republicano que propicia la Casa Rosada se vio opacada en las últimas horas a raíz del show montado alrededor del rescate que Donald Trump debió extenderle a la administración de La Libertad Avanza ante el colapso de su programa económico y monetario.

Pero la oposición tomó nota y comenzó a gestar una respuesta desde el Congreso, donde el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal, busca dar un golpe de efecto y remover al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de su cargo, en respuesta a la grosera transgresión institucional.

El peronismo, que cuenta con el bloque más numeroso de la Cámara de Diputados, decidió plegarse a la popuesta y avanzar con el debate que acusa al funcionario de incumplir con la normativa aprobada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada tras el veto de Javier Milei.

“El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió con dos tercios. Milei promulga la ley, pero no la aplica”, cuestionaron desde la bancada de Unión por la Patria, donde adelantaron que impulsarán la moción de censura contra Francos.

La polémica se desató con el decreto 681/25, que suspendió la aplicación de la ley y devolvió al Congreso la responsabilidad de especificar el origen de los fondos. Para Pichetto y su espacio Encuentro Federal, la maniobra es “nula de nulidad absoluta” y carece de cualquier resorte constitucional.

“No existe la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada. Forma parte de la vocación del Ejecutivo de seguir gobernando discrecionalmente y sin la molestia de este Congreso”, advirtieron desde el bloque.

La ofensiva contra Francos no se limita al peronismo ni a Pichetto. La diputada ex libertaria, Marcela Pagano, junto a su espacio Coherencia, también presentó un proyecto de remoción con el mismo objetivo. “Vamos a fondo”, remarcaron desde la bancada, que se referencia en Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta.

Desde UxP, la primera en pronunciarse fue Victoria Tolosa Paz, quien posteó en X: “Comparto con los bloques Coherencia y Encuentro Federal que el único camino es la moción de censura. Todos los bloques debemos aplicar el artículo 101 de la Constitución”.

Allí se establece que la remoción del jefe de Gabinete requiere la mitad más uno de los presentes en cada cámara. Tras las recientes derrotas legislativas del oficialismo, no parece un escenario descabellado; aunque sí sería un gesto contundente que representaría una instancia de tensión política inédita en democracia.

En el Senado, el interbloque peronista conducido por José Mayans ya presentó su propio proyecto de censura. Con 34 bancas, al formoseño le alcanzaría con sumar apenas tres votos más para llegar a la mayoría simple de 37 sobre 72 y desplazar a Francos.

Un senador que supo acompañar al oficialismo en votaciones clave lo resumió sin vueltas: “El Gobierno no puede dejar por escrito que no cumple la ley. Hay mil maneras de aplicarla, pero acá directamente se la ignora”.

La ofensiva opositora pone a Francos en la línea de fuego y abre un frente institucional delicado. Para el Congreso, se trata de defender la división de poderes y el cumplimiento de la ley; para el oficialismo, un golpe político que podría dejar al Presidente sin su principal articulador parlamentario en medio de la crisis económica y social.

Sin embargo, desde Casa Rosada ya deslizaron que, en caso de que remuevan al jefe de Gabinete, el Gobierno no dudaría en volver a designarlo en sus funciones. Una decisión que terminaría por clausurar cualquier tipo de feedback entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, llevando al límite el funcionamiento de las instituciones democráticas.

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