El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tomó una decisión resonante: dar vista a todos los acusados, incluido Máximo y Florencia Kirchner, para que puedan intervenir legalmente en el debate sobre los bienes a decomisar hasta cubrir los 685.000 millones de pesos establecidos en la sentencia. 

La novedad radica en que esos bienes incluyen propiedades que los hijos de Cristina alegan que recibieron como adelanto de herencia en 2016. Ahora tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos en defensa de esos bienes ante el tribunal. 

Sin embargo, esa apertura no fue gratuita: generó un enfrentamiento jurídico con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes piden que el tribunal proceda al remate de los inmuebles sin esperar esa intervención de las defensas. Para ellos, no comprometer el proceso de ejecución patrimonial representa el riesgo de dilatar lo que consideran una reparación del daño al Estado. 

El TOF N.º 2 justifica su decisión afirmando que el derecho de defensa y participación de los acusados es un pilar del debido proceso, lo que obliga a escuchar también sus planteos, incluso en esta etapa del cumplimiento de la condena. Esto abre un nuevo capítulo en la causa Vialidad, donde lo jurídico se mezcla nuevamente con lo político, dada la visibilidad pública del caso. 

Finalmente, el fallo implica que el proceso de decomiso de bienes vinculado al delito no será automático: habrá audiencias, plazos para presentar pruebas, defensas, posiblemente impugnaciones, lo que puede extender el tiempo hasta que el Estado pueda disponer de esos bienes para custodia, remate o compensación.