RESPALDO FINANCIERO
El Gobierno nacional dispuso este lunes la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, en un movimiento diseñado para incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares ante la creciente presión cambiaria.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, que además responsabilizó a “la vieja política” de generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno.
Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, el Banco Central (BCRA), vendió más de US$1.100 millones para contener el dólar en el techo de la banda de flotación; y en el equipo económico no tardaron mucho en diganosticar la inviabilidad de este ritmo de sangría de reservas.
Como consecuencia, el ministro de Economía Luis Caputo volvió a echar mano a una medida que había adoptado a principio de año y que venció en junio, buscando incentivar liquidaciones del complejo agroexportador y aumentar la oferta de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios.
Es que, según estimaciones del sector, todavía hay un stock de granos por unas US$ 10.000 millones que los productores tienen retenido. En Casa Rosada esperan -tras la eliminación de las retenciones- que buena parte de ese stock sea liquidado en las próximas seis semanas.
El anuncio fue recibido con aprobación cautelosa por parte del sector rural. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, dijo: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.
Si bien la decisión se puede interpretar como un manotazo de ahogado, lo cierto es que en el pasado este tipo de maniobras le ha funcionado al Gobierno. La rebaja de retenciones anterior fue efectivamente exitosa y favoreció las liquidaciones, que se apresuraron en la previa a la restauración del tributo a su nivel previo.
No obstante, no deja de ser una medida que expone la fragilidad del modelo económico y la dependencia de los dólares del campo.
Además, si bien por un lado favorecería el ingreso de divisas extranjeras al mercado local -lo cual calmaría la escalada del dólar-; por el otro también significaría una reducción en la recaudación vía impuestos por la exportación de estos stocks.
La contracara de la promesa de descompresión tributaria es, lógicamente, un faltante en las arcas estatales; en un contexto donde la moneda extranjera escasea y los mercados castigan esta situación con un desplome de los bonos y acciones argentinas.
Para el presidente, Javier Milei, este movimiento podría mostrar pragmatismo económico ante los distritos agrícolas que lo cuestionan, al tiempo que intenta contener la volatilidad cambiaria que presiona la gobernabilidad.
Pero también queda la duda de qué pasará con las retenciones cuando expire esta tregua: si las reinstaura de golpe, podría desencadenar protestas en el sector agroexportador, y podría descontarse una pérdida de confianza al reeditar un beneficio impositivo temporal y luego quitarlo.
En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas nacionales, esta medida puede funcionar como un puente para llegar a octubre evitando turbulencias en el tipo de cambio -y por extensión en la inflación-.
Del otro lado, los productores exigen claridad en las reglas; los mercados observan si la medida logra su cometido; y la oposición ya prepara críticas sobre los costos sociales y fiscales.
Otro asterisco en esta iniciativa, es que vendría a solucionar temporalmente la escasez de liquidez, pero no brindaría una confianza estructural en el programa económico; que ha dependido sistemáticamente de ingresos extraordinarios -como emisión de deuda, blanqueo de capitales y beneficios impositivos temporales- y también sistemáticamente volvió a exhibir sus limitaciones para funcionar con ingresos genuinos.
En definitiva, eliminar retenciones para granos suena como alivio inmediato, pero también como promesa que -si se convierte en regla inestable- puede alimentar el desgaste político. Puede funcionar como un parche pero no le permitirá al Gobierno eludir el compromiso de mostrar credenciales de confianza en su programa económico.
