El acto tuvo lugar en Estrasburgo, donde Enrique Emilio Loedel Soca, embajador uruguayo en Francia, rubricó el documento en presencia de Bjørn Berge, secretario general adjunto del Consejo de Europa. No fue un gesto aislado ni simbólico: fue la confirmación de que la democracia uruguaya busca adelantarse a los debates del siglo XXI en el uso de la IA.

El convenio establece un marco jurídico que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, desde su diseño hasta su implementación y control. A diferencia de otros marcos éticos voluntarios, este tratado obliga a los Estados a incorporar evaluaciones de riesgo, mecanismos de transparencia y auditorías que garanticen que la tecnología no erosione los derechos humanos, la democracia ni el Estado de derecho.

Para evitar quedar obsoleto, el texto se declara “tecnológicamente neutro”, lo que implica que sus principios deben aplicarse tanto a las tecnologías actuales como a las que vendrán.

Uruguay punta de lanza en América Latina

La decisión uruguaya no es solo legal, sino también política y comunicacional. Mientras gran parte de América Latina navega sin rumbo en la regulación de la inteligencia artificial, Montevideo se coloca en la primera fila de las democracias que entienden que la innovación sin controles puede derivar en desigualdad, sesgos discriminatorios o incluso en mecanismos de vigilancia abusivos.

Es una señal hacia la política exterior: un pequeño país del sur del continente se anota en la lista de naciones que buscan liderar el mercado del uso de la IA con reglas claras, a la par de la Unión Europea, Canadá, Israel o Japón.

Si bien Argentina, Australia, Costa Rica, México, Perú y EEUU, han participado en su redacción como observadores, no basta con firmar, porque para que un tratado de este tipo tenga efecto debe ser ratificado y adoptar leyes locales que internalicen sus obligaciones. 

Aún no se advierte una uniformidad de estándares en todos los estados firmantes; son crecientes las preocupaciones de actores de la sociedad civil de que las normas puedan quedar blandas si no se establecen sanciones o mecanismos efectivos de control.

Qué pasa en Argentina

En este contexto, el contraste con Argentina es inevitable. Desde este lado del Río de la Plata, la inteligencia artificial ha sido más tema de escándalos electorales y manipulación política —deepfakes en campañas, censura previa a periodistas que investigan audios incómodos— que de un debate serio sobre su regulación.

Mientras Uruguay firma en Estrasburgo un compromiso de transparencia y derechos, Buenos Aires atraviesa una crisis de confianza en la que el propio gobierno libertario aparece señalado por querer controlar el flujo informativo antes que fortalecerlo.

La pregunta, entonces, no es si Uruguay dio un paso correcto —claramente lo hizo—, sino por qué Argentina sigue rezagada en esta discusión. En un país donde la política habla de “refundación” mientras el periodismo denuncia intentos de censura y el Congreso limita los excesos del Ejecutivo, pensar en una legislación integral sobre IA parece lejano.

Sin embargo, el uso y regulación de la IA es urgente, ya debería ser tema de agenda, más allá de los problemas económicos y sociales por los que la sociedad atraviesa. Porque si no se avanza, el riesgo es que los algoritmos decidan por nosotros sin que haya posibilidad de revisión, apelación o transparencia.

Uruguay abrió una puerta que la región no puede darse el lujo de ignorar. El desafío es enorme: transformar la firma en políticas efectivas, garantizar organismos independientes de control, acercar a la ciudadanía a un debate que no puede quedar atrapado en tecnicismos. Si lo logra, marcará un rumbo. Si no, quedará como gesto diplomático.

Lo cierto es que, en un continente acostumbrado a reaccionar tarde, la movida uruguaya debería ser un llamado de atención. En tiempos en que la IA ya moldea elecciones, mercados y vínculos sociales, la verdadera pregunta es si nuestras democracias estarán a la altura de regularla antes de que ella termine por regular a las sociedad de todo el continente.

*Autor del ebook “Unir la cadena. IA & comunicación política. Guía práctica para asesores”, LAMATRIZ, 2024.