Un nuevo episodio del desgaste institucional para el Gobierno salió a la luz, en las horas previas a la cadena nacional del presidente Javier Milei, para anunciar el Presupuesto 2026 intentando persuadir a la ciudadanía de que "lo peor ya pasó".

Mientras avanza la investigación por el presunto esquema de coimas montado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se reveló que Anses registró un aumento del 225,7 % en los pagos a la empresa Linser, a pesar de que su contrato ya estaba vencido desde 2021.

Se trata de información brindada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y un dato que abona las sospechas es que la compañía es propiedad de Luis “Chiche” Peluso, un ex funcionario de Daniel Scioli en su administración de la Provincia de Buenos Aires, y miembro de su entorno político.

El escándalo no se limita al salto porcentual. Linser cobró más de 5.477 millones de pesos entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 sin concurso ni licitación pública. Además, lo hizo bajo la modalidad llamada “Pago por servicios usufructuados”, que formalmente fue derogada en marzo de 2024, pero que aparentemente sigue utilizándose.

Las desregulaciones del ministro Federico Sturzenegger parecen aplicar a todos, menos al propio Estado, que no sólo perpetúa estos mecanismos sino que lo hace en condiciones poco transparentes.

El contrato original de Linser databa de 2018, prorrogado varias veces hasta que venció en septiembre de 2021. Desde entonces, no hubo nueva licitación. A pesar de eso, Anses siguió girándole fondos.

El contraste queda expuesto: mientras el gobierno de Milei insiste con ajustes fiscales, rebajas del gasto social y congelamientos de bonos para jubilados, facilita pagos crecientes a una empresa allegada políticamente, y sin respaldo legal claro.

El caso generó críticas inmediatas de la oposición, organizaciones sociales y expertos en transparencia. Denuncian que este tipo de irregularidades alimentan la percepción de privilegio político y favorecen la impunidad más que la eficiencia del Estado.

Un nuevo caso que desgasta el capital político del Gobierno, justo cuando busca dar una continuidad al ajuste ejecutado desde diciembre de 2023, en esta ocasión con la aprobación del Congreso, luego de prorrogar durante dos años consecutivos el Presupuesto 2023.