Un decreto oficial que parecía cerrar un capítulo de designaciones, terminó siendo una puerta cerrada para Sandra Verónica Mattioli. Desde Pehuajó, ella reclama haber sido impedida de asumir en la Dirección de Vialidad bonaerense, pese a contar con la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Economía Pablo López, con la publicación legal correspondiente (Decreto 1967/2023).

La anomalía: nunca le llegó la notificación, por lo que el puesto quedó vacante.

Según informó RealPolitik El decreto incluía no solo a Mattioli, sino a otros diez trabajadores de localidades como Dolores, Bahía Blanca, Necochea, Mar del Plata y Pehuajó. Todos con designaciones formales, pero todos sin entrada: la falta del telegrama administrativo y la omisión en áreas responsables impidieron que los nombramientos se hicieran efectivos.

Para los denunciantes no fue un descuido burocrático: lo califican como discriminación política. Mattioli fue candidata por Juntos por el Cambio en las elecciones municipales en Pehuajó, frente al intendente kirchnerista Pablo Zurro. Para ellos, ese pasado opositor sería la razón real por la cual el cargo no se le permitió ocupar.

La denuncia va más allá de un caso individual. Se acusa influencia institucional: señalan que, mientras Mattioli sigue afuera, se permitieron ingresos en otras zonas de Vialidad sin concursos previos, y se favoreció a allegados al oficialismo.

Ejemplo clave: la hija del ex jefe de zona Pablo René Palancar -cercano al intendente Zurro- asumió sin trabas en la delegación de Pehuajó. Y también se suma el nombramiento de familiares directos de la secretaria gremial vinculada a Cristina Álvarez Rodríguez.

El entramado se complica más: ya se anticipan acciones judiciales invocando la ley 23.592, la norma que sanciona la discriminación política. Además, gremios de Vialidad calificaron el hecho como un método “irracional y malicioso” de exclusión, que no solo vulnera derechos individuales, sino que erosiona la institución misma y la confianza en el Estado.

Este episodio suma tensión a la gestión de Kicillof en una provincia que hace del reclamo institucional parte de su agenda. No es un nombre menor: el decreto está firmado, la publicación existe, pero la decisión de impedir el ingreso revela que la ley y su cumplimiento pueden depender de afinidades políticas y lealtades locales más que de normas claras.