El Gobierno nacional presenta este lunes el Presupuesto 2026, que se presenta como una hoja de ruta marcada por más ajuste fiscal, continuando el sendero de austeridad que le viene valiendo múltiples frentes de conflicto en salud, educación, ciencia, logística y en su vínculo con la gran mayoría de los gobernadores.

Además, el proyecto llega en uno de los momentos de mayor debilidad para una administración que -amparada en el presunto apoyo popular a sus políticas- mostró a lo largo de esta primera mitad del mandato una postura intransigente y de diálogo nulo: sumisión o nada.

Este escenario ya no queda tan claro luego de la derrota categórica en la Provincia de Buenos Aires, que dejó a Javier Milei y compañía sin muchos logros electorales por fuera de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires. Quizás los 'amigos del campeón' ya no quieran ser tan amigos si la imagen del mandatario ante la ciudadanía continúa deteriorándose y las expectativas en torno a su proyecto libertario se desinflan.

Desde que asumió, el Gobierno redujo drásticamente la obra pública: de iniciar 115 proyectos por mes en 2023 pasó a apenas una obra nueva por mes durante 2024-2025. Las finalizaciones también se desplomaron, de 94 mensuales a sólo 5.

Rutas nacionales sin mantenimiento, redes de agua y cloacas abandonadas y hospitales que languidecen son algunas de las consecuencias visibles de este frenazo.

Los gobernadores, que hasta hace poco habilitaban al Ejecutivo para pasar leyes complejas (como el DNU 70/2023 o la Ley de Bases), ahora reaccionan con molestia al vetarles proyectos, reducirles fondos y recortarle la participación automática en los Adeltantos del Tesoro Nacional (ATN). Esa decisión fue tomada después de que varias jurisdicciones reclamaran recursos urgentes para obra pública, salud, educación y servicios básicos.

En lo fiscal, los datos anticipados son contundentes: para agosto de 2025, el gasto total devengado del Estado nacional cayó 18,8% real frente al mismo mes del año pasado; el gasto primario disminuyó 4,8%; y el de capital -el que financia obras e infraestructura- se hundió 64,9%.

Las provincias no sólo reciben menos transferencias corrientes, sino que también enfrentan recortes de más del 25% real en esos fondos.

El capítulo agua y alcantarillado es otro ejemplo emblemático. El gasto nacional real en obras de agua se desplomó un 78% respecto al mismo período de 2023, y lo que llega a las jurisdicciones provinciales como aportes automáticos cayó de representar el 35% del total a apenas un 12%. De las 917 obras en curso al cierre del 2023, solo 99 estaban terminadas a julio de este año.

Ese achicamiento se produce justo después de que el Gobierno vetara la ley que proponía volver automáticos los ATN, un mecanismo que las provincias usan para atender emergencias, obras pequeñas y compensaciones.

El argumento oficial siempre es la misma canción: defender el equilibrio fiscal. El problema que arrastra como correlato es que ese “equilibrio” se construye dejando a las provincias sin obras ni recursos, y deteriorando deliberadamente servicios públicos básicos, como salud, educación, jubilaciones o pensiones.

El Presupuesto proyecta que la mayoría de las partidas sociales esenciales, de infraestructura y servicios básicos dependerá más de lo que puedan recaudar o gestionar las provincias que de los recursos nacionales. Serán presupuestos más ajustados, menos obras nuevas, menor presencia estatal directa, y mayor carga política regional.

El intento de seducción hacia los gobernadores incluye restituir el Ministerio del Interior (antes Secretaría) y designar a Lisandro Catalán como titular, con la promesa de retomar el diálogo. Pero la tensión ya no está sólo en la mesa: está en las rutas rotas, en las escuelas que no se terminan, en los hospitales sin financiación. 

El Presupuesto 2026 está pensado para buscar la sostenibilidad de la deuda -piedra angular del programa económico-, blindar la regla fiscal y reducir el Estado visible; pero se hace a costa de la infraestructura nacional, el empleo provincial y la calidad institucional.

Luego de dos años consecutivos prorrogando el Presupuesto 2023 por la imposibilidad de consensos con la oposición, las pretensiones de profundizar el ajuste -o, más bien, de convertir el ajuste en modelo continuo de gestión- resulta más conflictiva que nunca para Milei.

Los gobernadores comienzan a aggiornarse al termómetro electoral y, si en un principio fueron tolerantes y se mostraron predispuestos a hacer el esfuerzo que requería la estabilización monetaria; la paciencia que comienza a terminarse en las calles -y se traduce en las urnas- ya se observa en la creciente indiferencia desde las gobernaciones a Casa Rosada.