CIMBRONAZO EN LA REGIÓN
Un fallo histórico sacudió el escenario político brasileño en las últimas horas, cuando la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al ex presidente Jair Bolsonaro -junto con siete ex funcionarios cercanos- a 27 años y tres meses de prisión, al encontrarlo responsable de liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
La votación se dirimió con una diferencia contundente de 4 votos a favor (Alexandre de Moraes, Cármen Lucía, Flávio Dino y Cristiano Zanin) y 1 en contra (Luiz Fux).
Entre los acusados figuran ex ministros, ex jefes militares y altos cargos civiles: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto.
Contra todos ellos pesan cargos que van desde la organización criminal hasta daños al orden público y al patrimonio estatal, incluyendo la acusación de conspirar para impedir la transición democrática.
El STF determinó que la trama se gestó poco después de las elecciones presidenciales de 2022, con Bolsonaro al frente de un grupo que promovía deslegitimar el resultado electoral, atacar las instituciones responsables del escrutinio y convocar manifestaciones presionando al Poder Judicial.
En ese marco, los jueces evaluaron desde mensajes, campañas de desgaste de la credibilidad en el proceso electoral y hasta planes considerados serios de violencia contra autoridades.
Desde su perspectiva, la instigación resultó en una pueblada nada espontánea de simpatizantes bolsonaristas que asaltó diversos edificios públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, buscando impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
Sin miedo a Trump o a Marco Rubio, Bolsonaro fue condenado a cárcel, NO DOMICILIARIA como en COL, por la justicia del Brasil. En Perú y Brasil si se sabe que nadie está por encima de la Constitución o la ley. El @TSB_Bogota y la @CorteSupremaJ DEBEN tomar ejemplo POR DECENCIA pic.twitter.com/e7DxN2jp4m
— ROMAROSA (@RobertoMTico) September 2, 2025
El voto en disidencia de Fux argumentó falta de pruebas suficientes para algunos cargos, y se mostró crítico respecto al tratamiento político del juicio. Pero la categórica mayoría del Supremo Tribunal opinó lo contrario, y observaron un intento claro de romper con el Estado democrático.
La decisión se dio en un marco de duras presiones políticas, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó intervenir abiertamente en los asuntos políticos y judiciales de Brasil, adoptando medidas económicas de castigo como altísimos aranceles y pidiendo cesar lo que consideraba una persecución política a un ex presidente en quien supo encontrar un aliado en el cono sur.
Cabe recordar que los fanáticos trumpistas habían protagonizando escenas similares en el Capitolio, tomando por asalto las instalaciones y obligando a funcionarios y legisladores a huir, tras la derrota electoral de su líder ante Joe Biden. En aquella ocasión, las fuerzas de seguridad abatieron a varios manifestantes en pos de defender a los representantes.
La influencia del Partido Republicano en la maquinaria judicial le permitió a Trump no sólo eludir un destino similar al de Bolsonaro, sino volver a la Casa Blanca cuatro años después de la mano del voto popular.
El impacto va más allá de Brasil. América Latina observa un paisaje que no es del todo inusual, aunque sí parece novedoso al tratarse de un dirigente de extrema derecha. Los poderes judiciales suelen ser más exhaustivos y exigentes con líderes cuyo capital político se concentraba más en el apoyo popular que en sus resortes institucionales.
En tiempos donde la democracia está siendo continuamente desafiada, y el umbral de lo permitido se va intentando correr con discursos que crecen en intolerancia al que piensa diferente, el fallo envía una señal contundente: hay riesgos reales de consecuencias legales para quienes intentan subvertir el orden constitucional.
Bolsonaro, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario y con inhabilitación política, ahora ve el poco capital político que le quedaba disolverse en una severa condena que viene a disipar la anarquía institucional en que se fueron hundiendo numerosas democracias occidentales.
