Por: Mg. Lautaro González Amato* 

El Senado argentino asestó esta semana un golpe simbólico y real al gobierno libertario: por primera vez en décadas, anuló —con 63 votos a favor y 7 en contra— el veto presidencial que frenaba la emergencia en discapacidad, restituyendo beneficios y recursos claves para uno de los sectores más vulnerados.

En paralelo, la judicialización estratégica del Ejecutivo —que intentó censurar los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei mediante una medida de legal— expone una tensión inédita entre la institucionalidad republicana y una narrativa gubernamental que incrementa su autoritarismo a medida que pasan los días y la información sale a la luz.

Los números que preocupan al gobierno 

Esta derrota legislativa del gobierno no constituye un dato menor: el veto desactivado apuntaba a contener el presupuesto en un área socio-sanitaria, pero rearma derechos esenciales para personas con discapacidad. 

Según la consultora Management & Fit, el 73,2 % de los bonaerenses considera el escándalo de los audios —que envuelve a figuras del oficialismo— “muy grave”, y el 56,1 % afirmó que ha disminuido su confianza en el gobierno libertario.

Además, estudios de Poliarquía registraron una caída del 13 % en la confianza en la gestión tras el escándalo del “Coimasgate” protagonizado por el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo y Karina Milei.

Por su parte, el gobierno en la previa a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, mandó a medir el impacto del hecho que ya investiga la Justicia. “El piso de la imagen no baja de los 40 puntos”, expresaron a los portales de noticias nacionales, aunque en medios como Página 12, explican que la imagen positiva del presidente cayó 7 puntos en un mes, mientras que la negativa creció otros 7.

Censura previa y hostigamiento al periodismo 

Simultáneamente, el gobierno obtuvo un fallo que bloqueó la difusión de audios relacionados con Karina Milei, de hecho a pedido del fiscal Picardi, el juez Sebastián Casanello amplió por diez días la medida y aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano.

En este contexto, algunos constitucionalistas salieron al cruce y advirtieron como una grave violación al principio de libertad de prensa. Daniel Sabsay consideró que la resolución del juez viola la libertad de opinión y de libre difusión de ideas, ya que afecta tanto a periodistas como al público, quienes tienen el derecho a estar informados. Señaló que el fallo contraviene el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe la censura previa, y afirmó que “el interés público” —tratando de corrupción o gestión pública— debe primar sobre limitaciones judiciales anticipadas. 

Organismos como RSF, también denunciaron la criminalización de periodistas y allanamientos como las amenazas sufridas a Jorge Rial y Mauro Federico, en un contexto donde la línea entre defensa institucional y represión informativa se difumina. 

El colectivo Perdiosistas Argentinas alertó también acerca de las campañas sistemáticas de amedrentamiento, leyes sediciosas contra la prensa independiente y el uso de tribunales como arma política. A esto se suman medidas como el "botón mutear" para controlar conferencias de prensa u otros mecanismos restrictivos que apuntan a una prensa domesticada.

En definitiva, este episodio representa un momento bisagra para la democracia argentina: el Congreso, con legitimidad plural, frenó una decisión ejecutiva que comprometía derechos sociales esenciales. En contraste, el Ejecutivo recurrió a sanciones judiciales que coartan la libertad de expresión, reducen la transparencia y reducen el periodismo a enemigo interno. 

El Senado envió un mensaje potente: la democracia no se construye desde el silencio ni se sostiene con censura. Y si la comunicación política no lo entiende, el costo puede ser más que electoral: puede ser institucional.

Por eso, desde la comunicación política, la narrativa debería recalibrarse: no alcanza con discursos disruptivos, es hora de ayudar a la sociedad a promover el debate en los asuntos públicos en defensa de las instituciones y la confianza ciudadana.

*Autor del ebook “Unir la cadena. IA & comunicación política. Guía práctica para asesores”, LAMATRIZ, 2024.