En pleno corazón del sistema estatal, miles de afiliados activos del complejo militar, así como retirados y sus familias se quedaron sin cobertura médica. IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pasó de superávit a colapsada en cuestión de meses, con prestaciones suspendidas, falta de medicamentos críticos y pacientes que descubren la noticia en los mostradores, sin aviso previo.

En Mar del Plata, por ejemplo, el Hospital Privado de Comunidad cortó la atención un lunes, dejando en suspenso cirugías, turnos y tratamientos oncológicos o para diabéticos, hasta que esa misma noche recibió un pago parcial de 900 millones de pesos. Una medida de emergencia, pero que apenas cubre una fracción de la deuda, estimada en unos 5 mil millones.

Los números hablan por sí solos. De un superávit de casi 3 mil millones de pesos al cierre de 2023, IOSFA pasó a acumular una deuda total cercana a los 239 mil millones en apenas siete meses de este año.

Una pendiente imparable, atribuida a la concentración indebida en medicamentos, falta de control sobre proveedores y desajustes administrativos que el propio informe interno sugiere corregir con profesionalización operativa.

Lo más indignante es cómo, en medio de esta debacle, los recursos se fueron por fugas institucionales. Aprobaron gastos siderales en la emergencia: millones en medallas protocolares, reparación de una cafetera, vales de combustible y mantenimiento de compresores, todo mientras afiliados quedaban sin atención.

La suba de deuda fue impulsada además por un crédito controvertido: 40 mil millones provenientes del Instituto de Ayuda Financiera para Pensiones Militantes, que ahora obliga a devolver casi el doble con intereses que disparan la carga financiera. Un mecanismo que más que rescatar, encierra a IOSFA en una trampa de largo plazo.

Los efectos ya se transmiten al territorio. En Entre Ríos se convocaron manifestaciones frente a sedes de IOSFA, denunciando un vaciamiento que deja sin medicamentos a 30 mil afiliados. En Tandil, una concejal de Unión por la Patria advirtió que miles quedaron “completamente desamparados” mientras el gobierno mira para otro lado.

La conducción de IOSFA cambió tres veces este año. Su última cabeza, Betina Surballe (exdirectora del IAF), prometió auditorías y modernización informática. Pero aún no hay señales de que haya podido frenar el agujero. Mientras, los afiliados pagan religiosamente sus cuotas, aportan exponencialmente, y siguen sin recibir atención médica básica.

IOSFA no es una obra social cualquiera: abarca a más de medio millón de personas que aportan todos los meses, pero quedaron afuera del sistema. Esto no es una falla administrativa más, es una fractura institucional. Su resolución no puede esperar. La pregunta que ahora resuena más fuerte es si habrá decisión política para restaurar ese derecho que hoy está literalmente en manos del azar.