DESGASTE POLÍTICO
Los fantasmas de la corrupción merodean riesgosamente Casa Rosada, a raíz del escándalo de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, que revelan un presunto esquema de coimas para licitar contratos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
A días de las elecciones bonaerenses, y algunas semanas de las nacionales, los registros publicados por la prensa y la errática defensa del Gobierno nacional sembraron un campo de suspicacias y dudas sobre la honestidad de la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Esto podría golpear de lleno en uno de los capitales políticos más importantes de Javier Milei como presidente: la idea de que siendo un outsider, presentado en las antípodas de la 'casta' política y sus vicios asociados, no se iba a ver envuelto en escándalos de esta naturaleza.
La cosa es que el escándalo por las coimas en Andis es tan sólo la punta del iceberg que logró penetrar en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero en sus 17 meses de trayectoria, la administración de LLA ya cuenta con un robusto prontuario de irregularidades y casos sospechosos que son investigados por la Justicia.
Para sorpresa de pocos, buena parte de los escándalos proviene de los manejos del clan Menem, estrechos colaboradores políticos y territoriales de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuyo nombre también se ha ido asociando con la tendencia a la corruptela.
Los nombres de Eduardo “Lule” Menem -funcionario del Gobierno pero fundamentalmente armador político de 'El jefe'- y su sobrino -el titular de la Cámara de Diputados- Martín Menem, aparecen al menos en tres líneas de investigación que avanzan en diferentes juzgados federales.
La primera de esas causas es el cruce judicial del “caso Spagnuolo”. A partir de los audios donde el exdirector de ANDIS denuncia un sistema de coimas en compras de medicamentos, la Justicia busca determinar si hubo sobreprecios, cartelización y direccionamiento de contrataciones vinculando a Suizo Argentina, Karina Milei y los Menem.
La fiscalía ya analiza registros telefónicos incautados durante los allanamientos.
Pero este no es el único expediente, sino el más reciente. El titular de la cámara baja está directamente señalado en una causa por un contrato millonario adjudicado a Tech Security SRL, empresa vinculada a su familia, para brindar servicios de seguridad a edificios del Banco Nación.
El caso no fue menos grotesco, aunque su salida a la luz no se dio como una filtración de información confidencial, sino a raíz de la publicación en el Boletín Oficial, donde el Gobierno está obligado a comunicar sus licitaciones. Quizás por esto el impacto en la opinión pública no fue equivalente al caso Spagnuolo, que en minutos se había cobrado el cargo del director de ANDIS.
La investigación –en manos del juez Rafecas– busca dilucidar si hubo abuso de autoridad o tráfico de influencias en la licitación para el Banco Nación. Martín Menem le había cedido sus acciones en Tech Security SRL a familiares suyos días antes de asumir sus funciones.
En paralelo, el sindicato UATRE –a través de su obra social OSPrERA– enfrenta una investigación que podría sumar nuevamente al apellido riojano. El juez Sebastián Casanello está evaluando convocar a indagatoria a varios implicados, ya que surgieron mensajes que vinculan conexiones entre delegados sindicales y Martín Menem.
Simultáneamente, se investigan denuncias de "retornos" a empleados públicos en delegaciones del PAMI en Chaco, La Plata, Misiones, Santa Cruz y Buenos Aires. Operadores cercanos a 'Lule' estarían detrás de esos esquemas.
El entorno oficialista responde a cada acusación con un discurso inalterable, pero cada vez más desgastado: tildar los procesos como “maniobras de desgaste político” y negar cualquier intervención directa de los Menem. Mientras tanto, desde los tribunales siguen avanzando pedidos de documentación y citaciones parlamentarias para sacar el caso del limbo.
El tablero judicial muestra una oposición con varias entradas cruzadas: ANDIS, Tech Security, PAMI y UATRE convergen en una zona donde todos los caminos conducen a los laderos de Karina Milei.
Se abre una pregunta incómoda para Casa Rosada: ¿puede gobernar sin limpiar su propio entorno? El presidente Milei ya advirtió que desplazará a cualquier funcionario que sea protagonista de situaciones de corrupción, pero hizo una -curiosa- salvedad, exceptuando a su hermana. El talón de Aquiles del Gobierno parece estar más expuesto que nunca.
