En un contexto económico marcado por la recesión, la caída del consumo y la persistencia de una inflación elevada, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con un nuevo incremento en las tarifas de luz y gas desde septiembre. Las subas, definidas por resoluciones oficiales de la Secretaría de Energía, se suman a una larga lista de aumentos impulsados en el marco del plan de ajuste fiscal del Ejecutivo.

Un ajuste que no frena

Mientras los salarios continúan por debajo de la inflación y miles de familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, el Gobierno sigue adelante con su política de quita de subsidios y aumentos tarifarios. El nuevo esquema anunciado contempla:

-Un aumento del 2,35 % en el transporte y distribución del gas, que se suma a una leve baja del 5,49 % en el precio mayorista del gas natural en boca de pozo (PIST). Pese a esa baja, la factura final subirá por los ajustes en los otros tramos de la tarifa.

-Un incremento del 0,5 % en el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista para los contratos no regulados.

-Una suba en los impuestos aplicados al gas, pasando del 6,6 % al 6,8 % para sostener el fondo de zonas frías, una medida que genera contradicciones en el discurso oficialista de “eliminar distorsiones”.

Tarifas: el ancla del ajuste fiscal

Desde su asunción, Milei ha puesto en marcha una agresiva política de recorte de subsidios energéticos como parte de su ajuste fiscal. Sin embargo, las consecuencias de esta estrategia recaen, en gran medida, sobre la población:

Los sectores medios y bajos son los más golpeados por la suba de tarifas, en un contexto en que el poder adquisitivo se ha deteriorado más de un 20 % desde diciembre de 2023.

El Gobierno aplica una fórmula automática de actualización que indexa las tarifas al ritmo de la inflación mayorista (67 %) y minorista (33 %), garantizando incrementos mensuales que no contemplan la situación de los usuarios.

A pesar de haber prometido un Estado más eficiente, el Ejecutivo traslada los costos del déficit a la ciudadanía, sin mostrar mejoras visibles en los servicios públicos ni en la infraestructura energética.

Críticas desde distintos sectores

Diversos especialistas y referentes del sector energético han cuestionado la lógica detrás de estos aumentos. Mientras el gobierno habla de "sinceramiento", muchos advierten que se trata de una liberalización salvaje de precios sin mecanismos de protección social.

Además, la segmentación tarifaria sigue generando confusión, y muchos usuarios que deberían estar subsidiados han sido mal categorizados o directamente excluidos del sistema de contención.

¿Ajuste sin red?

Con este nuevo tarifazo, el gobierno consolida una política económica que prioriza las metas fiscales a corto plazo por encima del bienestar de la población. En lugar de construir un sistema gradual, transparente y sostenible, se acelera un proceso de desregulación que deja a millones de hogares frente a facturas impagables.