La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un salto clave: los investigadores lograron acceder através de pericias forenses a uno de los teléfonos del ex director, Diego Spagnuolo, y ya extrajeron su contenido íntegro.

En el dispositivo se detectaron mensajes eliminados; ahora comienza el análisis fino que podría ordenar cronologías, actores y presuntas rutas de dinero en el corazón del expediente.

El procedimiento -que impulsan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi- fue resultado de la cadena de allanamientos abiertos la semana pasada, cuando se secuestraron dispositivos y documentación tanto del ex funcionario como de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos.

El material ya está a disposición del Ministerio Público para su tratamiento técnico y jurídico.

De acuerdo con fuentes del caso, la extracción se concretó pese a que Spagnuolo no aportó claves. La pericia fue realizada por equipos especializados en análisis digital a través de una tarea de laboratorio que permite clonar el contenido sin alterar la evidencia; y que en esta etapa se concentrará en recuperar comunicaciones, archivos y metadatos.

El celular abierto es uno de los dos aparatos que se le secuestraron al ex titular de la ANDIS. Sobre el segundo equipo, y sobre los teléfonos de otros investigados, el expediente mantiene el secreto de sumario.

En paralelo, la Justicia también tiene en su poder los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Droguería Suizo Argentina, y el de Daniel Garbellini; en este último caso hubo colaboración para el desbloqueo.

La línea de tiempo que reconstruyen los investigadores incluye la interceptación de Spagnuolo en un country de Pilar -donde se le secuestró un teléfono, una computadora y documentación- y la posterior prohibición de salida del país para todos los involucrados. Esas medidas cautelares fijaron el piso de control judicial desde el que ahora se revisa el nuevo caudal de evidencia digital.

Como refuerzo probatorio, este martes se incorporaron videos de accesos y salidas de barrios cerrados de Nordelta para establecer movimientos y posibles ayudas a la evasión de la policía por parte de personal de seguridad privada. La hipótesis que se testea es si existió un dispositivo paralelo para entorpecer los procedimientos mientras avanzaban los allanamientos.

El contenido del celular abierto -chats, registros de llamadas, documentos y notas- será contrastado con la trama que detonó el caso: los audios en los que Spagnuolo menciona pedidos de “retornos” a proveedores de medicamentos y alude a contactos con funcionarios y operadores políticos. En esas grabaciones, difundidas públicamente, se habla de subas en las comisiones exigidas para aceitar contrataciones.

En paralelo a la pesquisa electrónica, el expediente conserva evidencia sensible: durante los allanamientos se secuestraron sumas en efectivo en dólares a directivos vinculados al esquema recaudatorio que describía el funcionario. Esos hallazgos se suman al análisis patrimonial sobre flujos y beneficiarios de la supuesta recaudación.

La expectativa ahora se centra en dos planos. Primero, en la recuperación de mensajes borrados, borradores y archivos en la nube, claves para establecer si hubo coordinación entre funcionariado y privados. Segundo, en el entrecruzamiento con antenas, geolocalizaciones y registros de acceso que puedan unir personas, tiempos y lugares con precisión forense.

En el Gobierno miran con preocupación el avance de un expediente que ya reconfiguró áreas sensibles del Estado y que derivó en movimientos administrativos de urgencia. Para la oposición, el acceso al celular de Spagnuolo abre una ventana a la “caja negra” de la contratación de medicamentos. Para los investigadores, es una pieza más de un rompecabezas que recién empieza a ordenarse con datos duros.

Con el peritaje en marcha y el secreto de sumario vigente, las próximas definiciones dependerán de la consistencia de los cruces. Si los chats recuperados confirman la secuencia insinuada por los audios, el caso podría escalar hacia figuras con responsabilidades políticas y empresariales.

Si, en cambio, la evidencia no sostiene esa línea, el expediente tendrá que apoyarse en el circuito documental y financiero ya colectado. Por ahora, la Justicia eligió un mensaje claro: primero, preservar y procesar la prueba; después, avanzar sobre responsabilidades.