
En medio del escándalo que sacude a la Casa Rosada, por el presunto mecanismo de coimas orquestado desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a proveedores de medicamentos, comienzan a salir a la luz evidencias que podrían complicar aún más al Gobierno.
La Drogueria Suizo Argentina, apuntada en la investigación como intermediaria entre los proveedores y el organismo público, mantiene más vínculos comerciales con entidades estatales.
Por caso, salió a la luz en las últimas horas que la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ejecutó compras por más de $8.339 millones entre febrero y mayo de este año.
Los contratos incluyen análogos hormonales (nivolumab, pembrolizumab), quimioterápicos como rituximab, medicamentos antineoplásicos y antirretrovirales, anticuerpos monoclonales, anticoagulantes y hormonas, con montos específicos que superan los $2.200 millones en algunos casos.
En los audios filtrados a la prensa semanas atrás, la Suizo Argentina había sido señalada por el entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo, como la entidad elegida por funcionarios ajenos a su órbita para exigir retornos a los proveedores con el fin de garantizarles contratos.
De esos mismos registros, se desprendía que un porcentaje de lo recaudado iba dirigido directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La empresa, sobre la que pesan allanamientos ordenados en el marco de la investigación iniciada, sigue operando con normalidad administrativa. Entre los bienes secuestrados obran documentos, dinero en efectivo -incluso en moneda extranjera- y dispositivos electrónicos. Todo apunta a circuitos de contratación irregular.
Desde el Gobierno, hasta el momento, no hubo margen para maniobras más osadas que remover a Spagnuolo de su cargo, y recién en las últimas horas, Eduardo 'Lule' Menem -armador político de la hermana del presidente- atinó a acusar una operación de la oposición. Escaso y vago contenido para romper un extenso silencio del Ejecutivo ante un caso que provocó un cimbronazo en la opinión pública.
Mientras las métricas de las redes sociales mostraron un nivel de discusión que superó la polémica de los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, vinculando la homosexualidad con la pedofilia; el silencio de sus destratadas milicias digitales de Las Fuerzas del Cielo a manos del karinismo no hizo más que aturdir la escena política.
Paulatinamente, el Gobierno comienza a perder un capital político fundamental para su complejo electoral: la presunción de transparencia y su reputación de 'nueva política' alejada de los viejos vicios.
Las estrategias de dispersión constante de la discusión pública fueron nublando el recuerdo de escándalos como la venta de candidaturas; el pedido de retornos económicos de directivos a empleados de Anses; sobrefacturaciones en Capital Humano; licitaciones millonarias aprobadas a empresas vinculadas a la familia Menem e incluso casos de dimensión internacional: la criptoestafa $LIBRA o las decenas de valijas ingresadas sin revisión de Aduana por orden de Casa Rosada.
Sin embargo, poco puede hacerse para tapar escándalos con tal cercanía a las elecciones de medio término más importantes. Se vienen semanas sin margen de error para los Milei y sus tropas, donde deberán intentar salir lo más ilesos posible de este escándalo y evitar nuevas turbulencias.
El extenso y variopinto prontuario de coqueteos con la corruptela en menos de dos años sugiere que al Gobierno le costará arduo trabajo mantener la vaca atada.