En el marco de su plan de desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei avanzó con una de las privatizaciones más sensibles para la ciudadanía: la de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa pública encargada de brindar agua potable y servicios cloacales a miles de usuarios.

A través del Decreto 493/2025, publicado en el Boletín Oficial el 18 de julio, el Poder Ejecutivo inició formalmente el proceso de privatización y estableció que la operación deberá estar concretada antes de fin de 2026, fijando un cronograma que coincide con el calendario electoral. La venta se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, con el 90% del paquete accionario disponible para el sector privado, mientras que el 10% restante quedaría en manos de empleados bajo un régimen de propiedad participada.

Una decisión acelerada en medio del ajuste

El anuncio se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal, con recortes en infraestructura, despidos en el sector público y un desmantelamiento sistemático de empresas estatales. Para el oficialismo, privatizar AySA permitiría reducir el déficit, atraer inversiones y “mejorar la eficiencia del servicio”. Sin embargo, detrás de esos argumentos se esconde una política que sacrifica el acceso universal al agua en nombre del mercado.

Críticas al calendario de privatización 

El plazo fijado por el Gobierno para concretar la privatización —antes de diciembre de 2026— no pasó desapercibido. Especialistas en políticas públicas, dirigentes sindicales y referentes de la oposición alertan que el Gobierno busca evitar el costo político de la operación durante 2025, año electoral de medio término, y dejar el traspaso en manos de una futura administración, blindando legalmente el proceso con un marco normativo hecho a medida de los intereses privados.

En ese sentido, el decreto no solo habilita la venta de AySA sino que modifica más de 100 artículos del régimen legal, incluyendo la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, lo que podría dejar sin agua a miles de hogares en situación de vulnerabilidad. También se prevén aumentos tarifarios extraordinarios, sin mecanismos claros de control.

De la promesa de eficiencia al riesgo de exclusión 

El plan de Milei revive el fantasma de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación en los años ‘90, cuando se prometieron inversiones que nunca llegaron y los aumentos de tarifas afectaron a los sectores más humildes. Hoy, muchos temen que la historia se repita: que se priorice la rentabilidad sobre el derecho al agua.

Incluso con sus falencias, AySA había mostrado una recuperación financiera en 2024, con superávit operativo, reducción de gastos y mejoras en sus sistemas de facturación y control. Sin embargo, nada de eso pareció pesar en la decisión oficial, que fue tomada sin debate público, sin consenso parlamentario y mediante decretos que reescriben el marco institucional con una lógica empresarial.

¿Qué se pone en juego?

La privatización de AySA no es solo una venta más: es un cambio profundo en la forma en que el Estado entiende el agua. ¿Es un derecho humano o una mercancía? ¿Quién garantiza que el acceso sea equitativo cuando el objetivo es el lucro? ¿Por qué apurar una operación que impactará por décadas?

Con una fecha límite ya impuesta para su entrega, el Gobierno parece decidido a entregar el control del agua a manos privadas antes de dejar la gestión. Lo que aún no está claro es quién se hará cargo de las consecuencias sociales, económicas y ambientales que eso puede provocar.