La Vocería Presidencial, bajo la órbita de Manuel Adorni, emitió un comunicado en las últimas horas presionando al juez federal Ernesto Kreplak a ordenar la detención inmediata de Ariel García Furfaro -empresario calificado como “el señor del fentanilo”-, y amenazando con recusarlo por “conflicto de intereses”.

Con el pretexto del vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak (hermano), desde Casa Rosada buscaron influir en el desarrollo de la investigación del caso que investiga casi un centenar de fallecimientos por aplicación de una tanda de fentanilo contaminado.

La presión escaló con severidad: el mensaje fue difundido a través de un canal oficial y coloca al Poder Ejecutivo al borde de interferir en una causa penal sensible, que ya acumula cerca de un centenar de muertes por fentanilo contaminado. 

Al respecto, la respuesta del juez Kreplak fue inmediata y firme. Desde el juzgado le recordaron al presidente su obligación constitucional: “abstenerse de interferir en una causa penal en curso”. Lo dijo con claridad, para poner paños fríos a la tensión institucional y proteger la independencia del proceso. 

Kreplak defendió su actuación: “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación… como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, sostuvo, en una frase que resume sin florituras un reclamo de institucionalidad. 

El juez redondeó su réplica con una solicitud política clara: “Respeto por las víctimas y las instituciones”. Fue un llamado a la mesura en medio de un clima enrarecido.

La pulseada expone un desencuentro entre poderes institucionales y desnuda las pocas pulgas del Gobierno de Javier Milei en sus aspiraciones de acaparar la suma del poder público. El Poder Judicial se resiste a convertirse en engranaje de presión política. La línea divisoria está trazada, y el test será el próximo paso en la causa.