El plan de los gobernadores de distribuir automáticamente los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles avanza con viento a favor, profundizando la debilidad institucional del Gobierno nacional.

Ambos proyectos de Ley obtuvieron dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, allanando el camino para su tratamiento en el recinto. Se trata de un paso clave, luego de haber sido aprobadas en el Senado con un acompañamiento uniforme de los sectores no aliados al presidente, Javier Milei.

Los dictámenes de mayoría fueron firmados por 27 diputados aportados por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal: un cóctel de opositores duros y voces alineadas con mandatarios provinciales en pie de disputa con el Ejecutivo por disconformidad por el reparto discrecional de las partidas presupuestarias.

Por su parte, el Gobierno buscó resquebrajar esa unidad provincial con su contrapedido. En minoría, oficialistas junto con el PRO propusieron que los ATN no distribuidos se repartan apenas cierre el ejercicio fiscal. Una forma de mantener discrecionalidad y negociar distritos por fuera del bloque.

Similar estrategia planteó en torno al tributo a los combustibles: el dictamen de mayoría eleva la participación de las provincias al 57 %, en detrimento del Tesoro y la ANSES. El proyecto del gobierno reduce esos márgenes y preserva ciertos fideicomisos, lo que abre grietas con mandatarios que advierten sobre la concentración de poder financiero.

La tensión refleja una disputa clara: los gobernadores reclaman transparencia federal, mientras desde la Casa Rosada apuntan a mantener instrumentos de control presupuestario que funcionan como caja política o ajena a la ley de coparticipación vigente.

En ese marco, diputados como Ariel Rauschenberger cargaron contra la retención de fondos: “Son recursos que pertenecen a las provincias y no afectan el equilibrio fiscal”, y agregó que “la Nación se apropia de ellos para mostrar un superávit fiscal ficticio”.

Por su parte, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, pidió el compromiso del conjunto de la oposición para aprobar el proyecto en el recinto.

“Hay que empujar para que las cosas sucedan. Nada de lo que hacemos los que estamos aquí se logra por obra del Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos que tener la voluntad política de construir recintos que nos permitan saltear el cepo y el cerrojo a las comisiones que plantea el oficialismo en la Cámara de Diputados”, arengó el santafesino.

Tanto el respaldo mayoritario como las propuestas de minoría reflejan no solo una disputa técnica, sino también una pulseada política: mientras los mandatarios buscan evitar recortes que comprometen obras públicas y servicios, el Ejecutivo necesita conservar una coraza financiera rígida para sostener su relato de austeridad.

El cruce pone en evidencia la erosión del federalismo fiscal, enaltecida por la falta de ley de coparticipación vigente -el mismo vacío que posibilita el uso político de los ATN-.

Como consecuencia de esta situación, los gobernadores le sumaron un frente más al -por demás conflictuado- escenario político del oficialismo. En ese aspecto, el Congreso se viene develando como uno de los instrumentos institucionales más eficaces para la oposición, en su empresa de dotar de espesor institucional las demandas políticas y sociales.

La batería de leyes aprobadas en favor de jubilados, discapacitados y personal del Hospital Garrahan, los decretos rechazados o la investigación del $LIBRA gate dan cuenta de ello.

Al Gobierno, que en sus primeros meses negociaba con los gobernadores ofreciendo transferencias de partidas a las asfixiadas provincias, ya no le sobran recursos para apalancarse en su administración discrecional del presupuesto para recompensar los favores. 

Esta adversidad deja a Milei y compañía en la disyuntiva de esperar unas buenas elecciones legislativas para aumentar su peso relativo en el parlamento o volverse adicto al veto presidencial; instrumento poco amigable con los valores republicanos y democráticos, que tarde o temprano tendrá costos políticos, tanto en el respaldo ciudadano como en la valoración de los mercados y la comunidad internacional.