Durante una entrevista con Jorge Rizzo en AM 570, Cecilia Pando lanzó una dura crítica contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haber fallado en su promesa implícita de defender a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. La referente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) expresó su decepción con quien fuera, durante años, su aliada en la reivindicación del terrorismo de Estado.

“Yo en parte lo entiendo a Milei, porque la vicepresidenta no se portó bien en un montón de cosas”, afirmó Pando, en un tono que pareció alinearse con los cuestionamientos que el propio presidente viene deslizando sobre su compañera de fórmula. “Todos teníamos esperanzas de que ella pudiera meter el tema, que se comenzaran a hacer las cosas bien”, agregó, abonando a la teoría —cada vez más repetida en los pasillos de la Casa Rosada— de que Villarruel "traicionó" a su electorado más duro.

La principal crítica que le hacen los sectores pro-dictadura al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es que, más allá del desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, no lograron frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Lamentablemente continúan. Sigue entrando gente presa”, se lamentó Pando en la entrevista. Para estos grupos, la promesa tácita era que el nuevo gobierno actuaría en favor de los represores.

Pando también hizo un repaso de su historia compartida con Villarruel. “Nosotras trabajamos juntas por el tema de los militares que están ilegalmente detenidos por combatir el terrorismo. Ella comenzó trabajando conmigo. Era la abogada”, recordó, visibilizando la raíz común que ahora se fractura.

Las críticas actuales no son nuevas. En enero de 2024, Pando —junto con esposas, hermanas y amigas de represores— firmó una carta de lectores en La Nación, en la que le reclamaban al gobierno por no cumplir sus “promesas”. Luego, en una entrevista con Radio con Vos, reveló que habían tenido contactos con los entornos de Milei y de Villarruel.

Con el correr de los meses, se supo que el entramado detrás de esos intentos iba más allá de simples gestiones aisladas. En abril de ese mismo año se conoció que seis diputados de LLA visitaron a Alfredo Astiz y otros represores en la cárcel de Ezeiza. La noticia destapó una red que incluía a legisladores, abogados, exjueces y hasta un cura, todos involucrados en gestiones para intentar liberar a militares condenados por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura.

A pesar de su retórica sobre la “memoria completa”, Villarruel no logró —ni intentó formalmente— interrumpir los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, que continúan su curso como política de Estado y bajo compromisos asumidos por Argentina ante organismos internacionales. Para Pando y sus seguidores, eso es imperdonable.

Las declaraciones en AM 570 no sólo exponen una interna dentro de los sectores más radicalizados del oficialismo, sino que también reflejan el límite institucional que enfrenta el discurso negacionista en el gobierno: aunque haya voluntad política en algunos sectores, frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad continúa siendo, por ahora, legalmente inviable.