La oposición volvió a demostrar que, cuando se alinean los planetas y los diferentes actores encuentran puntos de interés en común, el Congreso continúa funcionando como una barrera ante el avance a puro decreto del Gobierno de Javier Milei

En una sesión maratónica, no sólo se aprobaron el financiamiento universitario, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, y la emergencia del Hospital Garrahan -159 a favor, 67 en contra y 4 abstenciones-, sino que también se rechazaron cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con una mayoría contundente.

A pesar de que el quórum fue ajustado y mantuvo el suspenso hasta la última hora, los resultados fueron contundentes: se volteó el DNU 462/25 que establecía la disolución del INTA, el INTI y otros entes del Ministerio de Economía, con 141 votos a favor y 65 en contra.

En tanto, el decreto 461/25, que planteaba una reorganización y la disolución de entes del sector de Transporte, fue rebotado con 138 votos a favor y 65 en contra. El 345/25, que afectaba a entes y organismos de Cultura, se anuló con 134 votos contra 68.

Además, el DNU 351/25 que preveía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos en organismo descentralizado -y había generado un fuerte rechazo en organismos de Derechos Humanos- cosechó 133 rechazos y 69 respaldos. Por último, el 340/25 , que establecía un régimen especial con reducción de derechos laborales para la Marina Mercante, fue anulado por 118 votos contra 77.

El rechazo a estas normas consolida un límite legislativo al programa presidencial, y la oposición dejó claro su capacidad de frenar medidas de alto impacto en el funcionamiento y las competencias de diferentes entes públicos, así como también en el empleo.

Al respecto, la diputada Blanca Osuna, de Unión por la Patria, aseguró que “estamos en una situación insólita: otra vez venimos a la carga con la necesidad de dar una respuesta a la universidad pública argentina. No hay justificación alguna para que el presupuesto esté en sus niveles más bajos en dos décadas”.

Maximiliano Ferraro, titular del bloque de la Coalición Cívica, fue directo y contundente: “La política educacional de este Gobierno es claramente el desprecio por la universidad pública. No podemos dejar pasar el ajuste, el destrato y la estigmatización que sufre esa cuna igualadora que es la universidad pública nacional”.

En tanto, el libertario Gabriel Bornoroni, se manifestó en línea con la nattariva del Gobierno y cuestionó que “nadie dice de dónde va a salir la plata”. Para el Gobierno, las preocupaciones pasan por los números fiscales y se muestra poco interesado en los efectos del ajuste en cada una de las esferas de la vida civil.

No obstante, este revés no marca necesariamente un punto de quiebre, sino que más bien parece constituir otro capítulo de una dinámica ya familiar: la oposición ya había mostrado su capacidad de imponer agenda desde el Congreso con el financiamiento universitario o el aumento a jubilados durante el año pasado, pero luego no exhibió el mismo músculo para salvar las leyes del veto de Milei.

Ahora, desde Casa Rosada se extremarán los esfuerzos para evitar que se ratifiquen los rechazos en el Senado, donde el oficialismo tiene aún menos ascendencia que en la cámara baja.

En todo caso, la debilidad parlamentaria del oficialismo podría funcionar de cara a las elecciones como un sustrato sobre el cual cultivar una campaña para conseguir el apoyo que le permita desarrollar su programa de Gobierno.

Como pocas veces, las elecciones de medio término vienen a plebiscitar el nivel de respaldo de la ciudadanía a una administración con muchas ínfulas de fortaleza pero pocas herramientas institucionales para ejercerla.