La oposición se organiza por estas horas para iniciar una investigación en relación a las actividades de inteligencia del Gobierno nacional, apuntado en las últimas semanas por espionaje ilegal a opositores políticos, líderes gremiales y hasta a los manifestantes que cada miércoles se movilizan a favor de los jubilados.

Según se dejó trascender a la prensa, es inminente la convocatoria a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), por parte de su presidente, el senador Martín Lousteau; en medio de un reclamo enérgico de Unión por la Patria (UxP) para ponerle un freno desde el Congreso al espionaje ilegal del Poder Ejecutivo.

El tema sacudió la opinión pública luego de que el periodista especializado en actividades de inteligencia, Hugo Alconada Mon, publicara en La Nación que había tenido acceso a un documento titulado "Hechos Previstos 09JUL25", donde se exponían algunas de las tareas de monitoreo que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tenía a cargo.

Particularmente el pasado 9 de julio cayó miércoles, con lo cual se fusionaron las habituales manifestaciones en reclamo de mejoras en las jubilaciones, cobertura de medicamentos y otras tantas causas que se fueron sumando, con movilizaciones y actos por el Día de la Independencia.

Según precisó el comunicador, en el documento constaban las protestas gremiales, convocatorias callejeras y eventos culturales previstos para la jornada; pero también de las actividades de los líderes del peronismo en La Plata, en el día en que vencía el plazo para la presentación de alianzas de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre.

Alconada Mon explicó, a propósito del caso, que desde el arribo de Javier Milei a la presidencia -y de Santiago Caputo al área de inteligencia- la SIDE (ex AFI) se divide en cuatro grandes áreas, entre las cuales se encuentra la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que fue la que confeccionó el documento.

A esta falange de la Secretaría, que busca replicar la NSA de los Estados Unidos, se le encarga entre otras funciones lidiar con asuntos de seguridad interior, como bandas criminales, narcotráfico, tráfico de armas y amenazas al orden institucional. Su titular es Alejandro Cecati, un comisario general retirado que en la administración Cambiemos fue director general de Protección de Estado.

En esas funciones, tenía a su cargo la custodia del presidente, Mauricio Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la entonces (y también ahora) ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su ladero Gerardo Milman.

Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los “servicios”. Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a… pic.twitter.com/Z40t5jtqKp

— Facundo Manes (@ManesF) August 3, 2025

Por caso, Cecati había sido llamado por el ex presidente Macri para declarar en su favor como testigo en el juicio por el presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Ahora, vuelve a salir de las sombras señalado como responsable de opacas actuaciones de inteligencia.

En el reporte se menciona una reunión entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en el marco de la rosca por el cierre de las alianzas.

Pero también se describe un encuentro entre el diputado Facundo Manes y el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti; actividades de los senadores Eduardo "Wado" de Pedro (UxP) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y también de actividades organizaciones y partidos como La Cámpora, el PJ, la Coalición Cívica y la UCR.

Este tipo de actividades constituye una violación a la Ley de Inteligencia 25.520, cuyo cuarto artículo establece que ningún organismo puede "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

En este sentido, numerosos dirigentes opositores manifestaron preocupación por el accionar de la SIDE en la actual administración. “En cualquier caso, es una violación flagrante de la Ley de Inteligencia”, sostuvo Agustín Rossi,  que también estuvo al frente de la intervención de la AFI, en diálogo con Página 12.

El "Chivo" enfatizó: “La SIDE debe producir inteligencia estratégica que le permita al decisor, en este caso al Presidente, tomar decisiones en áreas claves del país. Seguir la actividad política de los opositores no es inteligencia estratégica sino que nos lleva a los peores momentos del aparato de inteligencia”.

El diputado Manes, uno de los espiados, también se hizo eco de la noticia y aseguró -a través de un post en sus redes sociales- que "Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto", y cuestionó que "para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los 'servicios'".

Por último, concluyó: "Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a seguir defendiendo la Argentina que se quieren llevar puesta. Y la libertad de todos".

En tanto, en La Plata también resonaron las alarmas, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, advirtió que la administración de Kicillof está evaluando junto a su equipo legal radicar una denuncia penal por la "violación flagrante" de la Constitución.