En los últimos años, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires enfrentaron una pérdida significativa en su poder adquisitivo, con un deterioro salarial acumulado del 120,8% desde septiembre de 2023 hasta junio de 2025, según datos oficiales del INDEC y los acuerdos paritarios. Este fenómeno, lejos de ser un accidente, escondería una estrategia deliberada del gobierno de Axel Kicillof para equilibrar las cuentas provinciales a expensas de los salarios de los empleados públicos. Una "motosierra silenciosa" que recortó el ingreso real de los trabajadores sin necesidad de achicar ministerios o implementar recortes visibles en otras áreas, al estilo del presidente Javier Milei.

El deterioro salarial: números que hablan

Los datos son elocuentes. En 2023, la inflación anual alcanzó el 211,4%, mientras que los aumentos salariales para los empleados estatales bonaerenses se limitaron al 125%, resultando en una pérdida de poder adquisitivo del 86,4%. En 2024, la inflación fue del 117,8%, y los incrementos salariales alcanzaron solo el 83,5%, dejando una brecha del 34,3%. En lo que va de 2025, hasta junio, la inflación acumulada es del 15,1%, mientras que los aumentos salariales fueron del 15%, generando una diferencia mínima del 0,1%. En total, desde septiembre de 2023, la pérdida acumulada del salario real frente a la inflación alcanza un alarmante 120,8%.

Estos números reflejan una tendencia clara: los salarios de los trabajadores estatales no han logrado siquiera acercarse al ritmo de la inflación, lo que ha generado un deterioro progresivo en las condiciones de vida de miles de empleados públicos. Este escenario contrasta con los primeros años del gobierno de Kicillof, cuando, hasta julio de 2023, las paritarias acompañaban, aunque con dificultades, la inflación, gracias en parte al trabajo de Mara Ruiz Malec, quien mediaba entre los gremios y el Ministerio de Economía. Sin embargo, tras su salida, la gestión de las paritarias quedó en manos de figuras como Daniel Lorea hasta fines de 2023, y posteriormente de Nicolás Todesca, con resultados menos efectivos.

La motosierra silenciosa: recortar salarios para equilibrar cuentas

Mientras el gobierno de Kicillof evitó recortes visibles, como el cierre de ministerios, cargos políticos o la reducción de programas, y optó en cambio por una estrategia menos evidente pero igualmente efectiva para ordenar las finanzas provinciales: el ajuste en los salarios reales de los trabajadores estatales. La administración logró avances en la gestión, como la reorganización de viáticos y horas extras, y la implementación de un régimen de 40 horas con una bonificación del 125%, medidas que fueron positivas hasta fines de 2023. Sin embargo, estas mejoras no compensaron el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores.

El deterioro salarial ha tenido consecuencias directas en instituciones clave como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Los descuentos previsionales y de salud, calculados como porcentaje del salario bruto, no han podido seguir el ritmo de los aumentos en dólares del sector de la salud, lo que ha debilitado significativamente el servicio de IOMA y ha dejado al IPS en una situación deficitaria. Este impacto no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a los jubilados y a quienes dependen de la obra social provincial.

El rol de Walter Correa

Un aspecto que genera interrogantes es el papel del ministro de Trabajo, Walter Correa, cuya extracción sindical podría haber sugerido un compromiso más activo en la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Correa se mantuvo notablemente ausente en las negociaciones paritarias, una función que le fue retirada al asumir su cargo, según fuentes cercanas, por falta de confianza del entorno de Kicillof, por estar ligado al grupo de Máximo Kirchner. Sorprendentemente, incluso tras alinearse con el gobernador, Correa no pudo recuperar esta responsabilidad completamente, que ha quedado en manos de otros actores.

Un contraste con el pasado y tensiones sindicales

El gobierno de Kicillof asumió en 2019 con la promesa de revertir la pérdida salarial del 26% que, según el actual ministro de Economía, Pablo Julio López, sufrieron los trabajadores estatales durante la gestión de María Eugenia Vidal. Sin embargo, lejos de cumplir con esa promesa, la actual administración ha profundizado el deterioro salarial, especialmente para los empleados bajo el régimen de la Ley 10.430, que no contaron con una cláusula gatillo como sí lo hicieron los docentes, protegidos por acuerdos con el gremio liderado por Roberto Baradel.

Por otro lado, algunos sindicatos, sectores de la CTA y la CGT, priorizaron en negociaciones pasadas la incorporación de trabajadores por sobre los aumentos salariales, a menudo con expectativas de obtener beneficios en los cierres de listas electorales. Sin embargo, con las nóminas confirmadas que no cumplieron las sindicales, se percibe un quiebre que podría llevar a los gremios a adoptar una postura más combativa en el futuro.

Así las cosas, el gobierno de Kicillof logró ordenar las cuentas provinciales, pero a un costo elevado para los trabajadores estatales. La "motosierra silenciosa" del ajuste salarial ha permitido mantener la estructura del Estado sin recortes visibles, pero ha profundizado la precarización de los empleados públicos, con efectos devastadores en el IPS, el IOMA y la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. La ausencia de un ministro de Trabajo comprometido con las paritarias y la falta de una política clara para proteger el salario real plantean un desafío urgente para el gobierno provincial, que deberá responder a un sector cada vez más descontento y a gremios que podrían endurecer su postura en los próximos meses.

FUENTE: MUNDO GREMIAL