
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue denunciado penalmente por la adjudicación a una empresa que era de su propiedad, y cuyas acciones cedió a sus hermanos, de una licitación del Banco Nación por $3.900 millones.
Se trata de una nueva polémica en un Gobierno que arribó al poder con una narrativa de combatir a la casta política y sus manejos tradicionales, y menos de dos años después tiene al clan Menem haciendo negocios espurios con dinero del Estado en sus entrañas.
Más grave se torna si se recuerda que, bajo la bandera de la austeridad, la administración de Javier Milei le ha negado aumentos irrisorios a los jubilados (y promete volver a hacerlo); mantiene un frente abierto de conflicto por la desfinanciación del Hospital Garrahan y se les niegan fondos a sectores como discapacidad.
La denuncia contra el titular de la cámara baja fue impulsada por Juan Ricardo Mussa, y detalla con precisión cómo el sobrino del ex presidente, que era accionista de Tech Security S.R.L. hasta diciembre de 2023, le cedió sus acciones a sus hermanos Adrián y Fernando.
La cesión de acciones se dio antes de que transcurriera el denominado 'período de sospecha' previsto por la Ley (que culmina en diciembre de 2025), maniobra que -valga la redundancia- quedó automáticamente bajo sospecha tras la adjudicación del millonario contrato.
En este sentido, otro de los involucrados es el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, cuya firma fue la condición necesaria para obsequiarle la licitación a su compañero de Gobierno -o, al menos, a su familia-.
Según la presentación, la adjudicación directa violó las normas administrativas y procedimentales básicas de este tipo de decisiones, y posibilitó la contratación de la empresa para hacerse cargo de la seguridad de varias dependencias de la banca pública nacional.
El contrato fue anunciado oficialmente el pasado 4 de julio en el Boletín Oficial, tiene una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta el 2029.
La denuncia explicita que las maniobras de Tillard y Menem coquetean con numerosas figuras penales, entre las cuales describe: tráfico de influencias, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de la ética pública.
Incluso dentro del Gobierno, en off, reconocieron que se trata de un arreglo asimilable al de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre Aerolíneas Argentinas y sus hoteles en el sur del país.
El giro de 180° en La Libertad Avanza, que pasó de la batalla cultural contra la política tradicional a respaldarse en políticos profesionales en menos de medio mandato, incluye negociados más que sospechosos de un apellido que desde hace más de 3 décadas es asociado a la corrupción estatal.
El capital político del Gobierno ya se enfoca peligrosamente en una sola variable, o en dos caras de la misma moneda: mantener la inflación a raya y controlar el tipo de cambio. La primera depende sustancialmente de la segunda, y la segunda ya le costó miles de millones de dólares sólo este año a un equipo económico que no logra aumentar reservas si no se endeuda en el extranjero.