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El Gobierno nacional avanza con la denominada "reestructuración" en la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que ya cuenta con 60 despidos a funcionarios de áreas técnicas, como consecuencia del malestar del presidente Javier Milei por supuestas irregularidades en el marco del litigio por la expropiación de YPF.
A pesar de que desde Casa Rosada buscaron evitar que se conozcan los motivos de trasfondo, el periodismo acreditado pudo confirmar que la decisión se debe a sospechas de filtración de información a los demandantes sobre la estrategia legal que llevaba adelante el Estado en el juicio iniciado por Burford Capital y Eton Park, en representación del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi .
Tras el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que ordenó a nuestro país resarcir con US$16.100 millones -o entregar el 51% de las acciones que le pertenecen al Estado- por la expropiación de la compañía petrolera, una investigación interna de meses terminó por propiciar masivos despidos del organismo que se encarga de este tipo de contiendas legales multimillonarias.
En el comunicado oficial, la PTN aseguró que "pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público" amparada en la Ley de Bases y los lineamientos del Gobierno orientados "a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva".
Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 comenzó a trascender el verdadero motivo, que había sido un llamativo anticipo de los litigantes a los movimientos que ensayaba la defensa de la República Argentina.
La capacidad de lobby judicial de los fondos buitre en la justicia norteamericana es un factor con el cual se cuenta a la hora de lidiar con estos conflictos legales, pero su capacidad de infiltrar operadores en las filas del equipo legal del país representó un severo disgusto en el presidente de la Nación.
Como consecuencia, Milei instruyó al titular de la PTN, Santiago Castro Videla, a blandir la motosierra sin titubeos en las áreas sospechadas de operar contra los intereses nacionales. El procurador es un hombre acercado por Santiago Caputo, el asesor estrella que actualmente se encuentra en franco alejamiento de la cúpula de poder libertaria.
Mientras tanto, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, un fallo inédito en demandas de este tipo, constituyendo un caso testigo en el derecho corporativo internacional.
En este contexto, en las últimas horas la administración de Donald Trump transmitió algo de confianza al intervenir como "amicus curiae", figura jurídica que le permite a terceros interesados en la resolución de un caso exponer su opinión.
La decisión viene a consolidar la postura de la Casa Blanca, que a través de su Departamento de Justicia ya había sugerido a la jueza Preska que se excusara de fallar en el caso, tanto en la administración de Joe Biden como en la del actual jefe de Estado. El Ejecutivo considera que el litigio se encuentra fuera de su competencia, de acuerdo a la Ley de Inmunidad Soberana.
🚨 Motosierra en la Procuración del Tesoro después de conocerse que hubo filtraciones por la Causa YPF.
— Julián Alvez (@alvezjulian_) July 16, 2025
Pasarán de seis a cuatro las Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Además, despidieron 60 empleados. https://t.co/b4zzI94iI6
En el marco de la reestructuración, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.
Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
La continuidad de Castro Videla se encuentra atada a su vínculo con Caputo, cuya influencia parece irse extinguiendo paulatinamente ante la implacable secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
Meses atrás, Clarín había alertado sobre la designación del Procurador: “Llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”.
Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.
En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.
Este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, según informó la Procuración.
El tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
La suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito permanecerá en vigor hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la orden del 30 de junio dictada por la polémica magistrada.
