El lunes 14 de julio la Secretaría de Energía publicó el precio de comercialización del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con el diesel de hidrocarburos y lo estableció en $1.302.411 por tonelada cuando el mismo debió ser de $1.349.000.

De esta manera, la autoridad regulatoria a cargo de María Tettamanti cumplió un año de incumplimiento de la ley de Biocombustibles, ya que durante 12 meses de manera consecutiva publicó precios por debajo de los costos de producción, lo que obliga a las empresas pymes elaboradoras de biodiesel a trabajar en situación de quebranto y empuja a todo el sector a la crisis. 

La ley de Biocombustibles obliga a la Secretaría de Energía a establecer un precio que permita a los operadores tener al menos una rentabilidad mínima. El artículo 14 de la ley 27.640 señala que “las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles que establezca la autoridad de aplicación deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción”

Para limitar la arbitrariedad de los funcionarios de turno en el año 2023 mediante la resolución 963/2023 se estableció una fórmula que establece criterios polinómicos objetivos y transparentes para la determinación del precio. 

Sin embargo, desde la llegada de María Tettamanti a la Secretaría de Energía la autoridad regulatoria comenzó a operar al margen de la ley y a fijar precios de manera arbitraria, siempre por debajo de los costos de producción.

Paradójicamente, en el mismo período se liberó el precio de los combustibles líquidos en el surtidor, lo que llevó el precio del biodiesel a comercializarse incluso por encima de su paridad de importación. De este modo, las compañías petroleras pagan poco por el biodiesel y venden caro los combustibles a los consumidores. 

Durante el año que lleva el incumplimiento de la Ley de Biocombustibles, la diferencia entre lo que establece la fórmula y lo que las petroleras pagaron por el biodiesel asciende a USD 80 millones. De este modo, la secretaría de Energía ha actuado como garante de la transferencia de capital de manera indebida de un sector a otro, condenando a las pymes elaboradoras de biodiesel en beneficio de las petroleras. 

Sobre el tema, Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREB, cámara que agrupa a las pymes elaboradoras de biodiésel señaló que “el Poder Ejecutivo está actuando de manera consciente y coordinada contra la industria de los biocombustibles, en particular contra el biodiesel. Tienen anteojeras ideológicas contra los biocombustibles, toman decisiones arbitrarias e irracionales y nos empujan a la crisis.  La verdad es que cumplir con la ley y establecer el precio que corresponde podría, en el peor de los casos, elevar $7 por litro en las estaciones de servicio”

Sobre los pasos a seguir, martelli añadió: “No nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo nos mandan a la quiebra, vamos a movilizar a la opinión pública de las provincias agropecuarias, a los legisladores y a los sectores productivos para que se sepa claramente que el gobierno actúa contra la agroindustria en beneficio de las petroleras”. 

Mientras tanto en el Ministerio de Economía aseguran que mantendrán su posición mientras el Decreto de Emergencia Energética les permita legalmente desconocer las leyes vigentes y operar las variables de manera arbitraria. Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería asegura que mantendrá los precios pisados para cumplir con los objetivos macroeconómicos que ha fijado el Ministro Luis Caputo.