Por: Pedro Domínguez 

El fiscal Álvaro Garganta, quien encabeza una de las principales investigaciones por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires, resolvió no dictar, por ahora, ninguna medida que frene el cobro de las infracciones de tránsito. La disposición, dirigida a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, habilita a la Provincia, a los municipios y a las proveedoras a continuar con la recaudación, aunque el sistema completo se encuentra bajo análisis judicial.

La resolución genera un alivio inmediato para el gobierno de Axel Kicillof, que evita así el impacto político y económico de una paralización en una de las principales fuentes de ingresos indirectos del Ministerio de Transporte. Pero el detalle no menor es que el documento aclara que esta situación es transitoria: la frase “POR EL MOMENTO” escrita en mayúsculas advierte que la validez del sistema podría revertirse con el avance de la causa.

El origen de la causa: denuncias cruzadas entre empresas

La instrucción comenzó a raíz de una denuncia realizada por el titular de una de las proveedoras del sistema, el empresario Matías Trejo, contra CECAITRA, firma dominante del sector. La acusación fue ratificada por el propio Ministerio de Transporte, lo que impulsó a Garganta a requerir información técnica a los organismos provinciales.

El fiscal dejó asentado que no existe impedimento legal actual para continuar con la recaudación, pero la mención expresa a que no se dictaron medidas “por el momento” mantiene en vilo a proveedores, municipios y organismos judiciales. La decisión, en los hechos, también resulta beneficiosa para la propia CECAITRA, al sostener la vigencia de las actas que recauda mientras se determina si existieron irregularidades.

Borrado de multas y legalidad de los radares

La causa que investiga Garganta involucra, además, un posible esquema de anulación masiva de multas, ejecutado por funcionarios y jueces que habrían actuado de forma coordinada. Sin embargo, una de las líneas clave del expediente apunta a la legalidad misma de los dispositivos que generaron esas actas.

En ese marco, el Lic. Jorge Orzali, subsecretario de Seguridad Vial, presentó documentación que señalaba que varios cinemómetros utilizados por empresas denunciadas no estaban debidamente autorizados. Si esto se confirma, la anulación de multas podría no ser un delito, sino una acción justificada para evitar sanciones indebidas a los conductores.

Otra causa paralela: radarización y fundaciones universitarias

En paralelo, el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, lleva adelante otra investigación centrada en los convenios de municipios con universidades públicas, especialmente la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Allí se analiza si hubo evasión fiscal, lavado de activos, triangulación de fondos públicos y uso irregular de fundaciones para contratar a las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.

El caso ya derivó en allanamientos en once municipios bonaerenses y ha generado decisiones políticas concretas. El caso más resonante es el de San Isidro, donde el municipio decidió suspender el sistema de fotomultas, mientras que Mar del Plata avanza con un camino similar desde el Concejo Deliberante local, incluso con pedidos de interpelación al intendente.