ENTRETELONES DE CASA ROSADA
En un clima de creciente preocupación por el ajuste en los organismos públicos, los diputados bonaerenses del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN presentaron un proyecto en la Legislatura para rechazar el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y exigir al Gobierno nacional que revierta las políticas de recorte presupuestario.
La iniciativa, encabezada por el legislador Matías Civale, denuncia un recorte del 36% en el presupuesto del INTA desde fines de 2023 hasta principios de 2025, lo que ha puesto en riesgo más de 1.500 puestos de trabajo y afectado el funcionamiento normal del organismo. Según el bloque, esta situación no solo compromete el presente del instituto, sino que pone en peligro el desarrollo a largo plazo del agro argentino.
“La labor del INTA es fundamental para una agricultura con arraigo local, sustentabilidad y compromiso social. Sus vínculos con cooperativas, productores familiares y economías regionales lo convierten en una herramienta estratégica para el país. Su debilitamiento es una amenaza directa a nuestra soberanía alimentaria”, advirtieron desde la bancada.
En paralelo al ajuste presupuestario, los legisladores también criticaron la reforma impulsada por el Consejo Directivo del INTA en marzo pasado, que redujo las competencias de la Dirección Nacional y las subordinó a una nueva coordinación controlada por el presidente del Consejo. Esta maniobra fue denunciada por los gremios como una “intervención encubierta” y responde, según advirtieron, a directivas del Ministerio de Economía nacional.
La situación podría agravarse con un inminente decreto que el Ejecutivo elabora en reserva y que modificaría aspectos clave de la gobernanza del organismo. Aunque no se ha oficializado, el texto implicaría una pérdida de autarquía y mayor control político sobre el INTA, lo que generó el rechazo de sectores técnicos, sindicales y productivos.
El documento presentado en la Legislatura destaca que el INTA tiene una fuerte presencia en territorio bonaerense, con dos centros regionales, seis estaciones agropecuarias y más de 40 agencias de Extensión Rural (AER). Sin embargo, la reestructuración ya se hizo sentir: al menos 41 agencias de extensión habrían cerrado en todo el país, afectando localidades como Zárate, San Nicolás, Baradero, General Villegas, Pehuajó y Lincoln.
“La combinación de achique, recortes y fusiones vacía al INTA de contenido y deja sin soporte a miles de productores del interior. Lo que está en juego no es un problema administrativo, sino el modelo productivo nacional”, afirmaron desde Acuerdo Cívico.
El proyecto no está solo: otras bancadas, como la Coalición Cívica y UCR + Cambio Federal, presentaron iniciativas similares. Además, las entidades que integran la Mesa de Enlace también emitieron alertas por el impacto negativo del recorte en la red territorial del INTA, vital para el asesoramiento técnico y el desarrollo de tecnología agropecuaria.
“El vaciamiento del INTA no es una medida aislada, sino parte de una lógica de desmantelamiento del Estado técnico y científico. Sin conocimiento, sin innovación, sin presencia territorial, el país pierde capacidad de proyectarse al futuro”, concluye el documento firmado por los siete diputados que integran el bloque.
La ofensiva libertaria sobre el sistema público de ciencia y técnica, según advierten los legisladores, abre un nuevo frente de conflicto en medio del ajuste estructural impulsado por el gobierno de Javier Milei.
