A pocos días de que la Corte Suprema defina si confirma o no la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) emitieron un comunicado en el que denuncian una persecución política y advierten que “vuelven las proscripciones a inocentes”.

Los espacios, que agrupan a expresidentes, juristas y referentes políticos de América Latina y Europa, señalaron que la causa contra la expresidenta está “viciada de parcialidad y arbitrariedad” y que su condena representa “un riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política”.

“La denominada Causa Vialidad fue promovida por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, sin pruebas directas ni indiciarias, y con violaciones a principios constitucionales básicos”, expresaron.

Además, cuestionaron que se hayan utilizado teorías jurídicas para responsabilizar a Cristina Kirchner por decisiones administrativas tomadas por funcionarios de menor jerarquía. Afirmaron que de confirmarse el fallo, significaría “un daño irreparable para la persona afectada y para el sistema democrático”.

También alertaron sobre la intromisión política en el Poder Judicial: “Ningún tribunal, y mucho menos la Corte Suprema, puede guiarse por criterios políticos e ideológicos. Si lo hiciera, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido”.

🌐 El Grupo de Puebla brinda contundente respaldo internacional a Cristina Kirchner y advierte que en "Argentina vuelven las proscripciones políticas a inocentes" ⚠️ 📢 ✔️@ProgresaLatam https://t.co/LFPHMMqpxw

— AgenciadelPlata10 (@AgenciadelP) June 9, 2025

Según el comunicado, el objetivo de sacar a la expresidenta de la escena política busca “disciplinar a militantes y funcionarios que promueven la justicia social” y podría generar “una alteración grave del equilibrio de poderes”.

Por último, convocaron a la comunidad internacional a observar el proceso judicial con atención, y denunciaron una supuesta conexión entre sectores del Poder Judicial y corporaciones mediáticas. “Se condena a una persona inocente, violando el debido proceso propio de un Estado de Derecho. ¡Exigimos justicia!”, concluyeron.

El documento fue firmado por figuras como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Baltasar Garzón (España), Marco Enríquez-Ominami (Chile), Irene Montero (España) y Eduardo Valdés (Argentina), entre otros.