TRASPASO DE PRESIDENCIA
A raíz de la baja de aranceles a celulares y productos electrónicos que anunció el Gobierno nacional días atrás, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande inició un paro por tiempo indeterminado, en protesta por el impacto que las medidas tendrán en el polo tecnológico de Tierra del Fuego.
A contramano del festival de aranceles que ensayó Donald Trump, la medida que implementará el Gobierno prevé bajar del 16% actual a un 8% las alícuotas para importar electrónica, y llevarlas a cero en 2026; con el objetivo de reducir hasta en un 30% el precio final de los productos para el consumidor argentino.
Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei impulsa la liberalización de la economía, barriendo con el proteccionismo que permitió el desarrollo de la matriz industrial tecnológica en la provincia del extremo sur del país, favoreciéndose no sólo de los aranceles sino de un régimen impositivo privilegiado por fomentar la producción y otorgar puestos laborales.
Es en este marco que, en horas del mediodía de este miércoles, se inició la medida de fuerza como consecuencia de un estado de alerta, que es común tanto al sector obrero como al empresario.
El Congreso de Delegadas y Delegados de la UOM Río Grande dispuso además una movilización por el centro de la ciudad, que es la más preponderante a nivel demográfico y productivo en la provincia.
El gremio de metalúrgicos describió la decisión como un “nuevo embate contra la industria nacional y los puestos de trabajo”, e insertó un debate que viene ganando volumen en la discusión pública en las últimas horas, que tiene que ver con la importancia geopolítica de preservar una matriz productiva y “defender el derecho soberano a habitar Tierra del Fuego”.
🗣️ “Arderán los tachos de la calentura que tenemos”, advirtió Oscar “el Zurdo” Martínez, líder de la UOM Río Grande y exdiputado nacional
— Al Toque (@altoque_ok) May 15, 2025
El anuncio de baja de aranceles a celulares activó la protesta. Peligran 6.700 puestos de trabajo en Tierra del Fuego, afirman desde la UOM pic.twitter.com/BDT8L3MbtZ
En este sentido, hay una línea argumental sostenida desde diferentes sectores sociales y políticos que enlaza la producción industrial de la isla con un incentivo para habitarla. Esto es asociado, a su vez, con reforzar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas a través de una fuerte presencia argentina en la región y, en las hipótesis más extremas, evitar una virtual -nueva- intrusión extranjera en territorio nacional.
Desde la UOM afirmaron que sostendrán la medida hasta conseguir una “respuesta favorable” y expresaron su compromiso con la defensa de la Ley 26.539/09, que 16 años atrás estableció aranceles sobre un espectro de productos tecnológicos, para incentivar el desarrollo de la industria electrónica nacional, base de la actividad fabril de Río Grande.
“Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad”, advierte el comunicado sindical.
Entre los fundamentos del Gobierno y las usinas oficialistas, se alega que la protección de unos 7 mil puestos laborales no justifica el encarecimiento generalizado de bienes a los argentinos.
Lo paradójico es que una de las empresas que tiene importantes acciones en la industria fueguina es Mirgor, propiedad de la familia Caputo.
Es por esto que, tras el anuncio emitido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, “Nicky” Caputo llamó a sus primos involucrados en el Gobierno nacional, Luis (ministro de Economía) y Santiago (asesor presidencial) para evaluar la situación, que pone en riesgo la viabilidad de su compañía en Tierra del Fuego.
El cónclave de urgencia disipa la imagen que los Caputo buscan proyectar, de ser familiares lejanos y sin aparente contacto. Más bien parecen desempeñarse como una dinastía que se fue abriendo espacios en el espectro de la derecha política argentina, al tiempo que sostiene sus actividades e intereses en el sector privado.
En este sentido, el liderazgo personalista e intransigente de Javier Milei parece poner en riesgo por primera vez el equilibrio logrado por los Caputo al hallarse de ambos lados del mostrador.
Paradójicamente, estos riesgos han inexistentes durante las administraciones del peronismo, adversario político para la familia vinculada a Mauricio Macri, pero especial aliado cuando se trata del régimen de incentivos para la industria en Tierra del Fuego, promovido durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo cierto es que Milei ya describía estos beneficios como “una estafa” en su etapa de panelista vehemente, con opiniones económicas ultraortodoxas. Al llegar al poder, suavizó su postura, al igual que lo hizo con una infinidad de iniciativas que contrastaron con las ideas que pregonaba. El ejercicio del poder es otra cosa bien distinta a un marco teórico.
En las pocas ocasiones en que fue interrogado respecto al régimen fueguino, hasta ahora, el presidente se limitaba a esbozar defensas de la propiedad privada, evitando profundizar en explicaciones. Ahora, parece haber avanzado definitivamente en desarmarlo, sin reparar en el impacto sobre la compañía de su propio ministro.
Esta es la hipótesis oficial. La otra, como fue deslizado por la periodista Silvia Mercado durante una de las últimas conferencias de Adorni, es que haya sido un anuncio con intenciones de favorecer las chances electorales del vocero presidencial en las elecciones legislativas del próximo domingo, y que luego su ejecución sea parcial o esconda algún salvavidas para Mirgor.
