El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, parece no haber tomado nota del mensaje de la ciudadanía en las urnas en 2023, y acelera su campaña presidencial perpetuando prácticas habituales de la política: mientras Javier Milei llegó a la presidencia blandiendo una motosierra en cada acto, el mandatario provincial expande el gasto, las contrataciones y la deuda.

La fidelización de la estructura política a través de nombramientos fue una constante durante la primera gestión del ex ministro de Economía, que propició la creación de 70.804 nuevos cargos en la administración pública entre 2019 y 2023. Un promedio de alrededor de 48 designaciones diarias. 

Ahora, el principal líder de la oposición al Gobierno nacional ya proyecta su carrera presidencial hacia 2027 y -mientras dirime la áspera interna con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora- prevé darle continuidad a su estrategia expansiva del aparato estatal. Así lo sugiere el Presupuesto 2025 enviado a la Legislatura, donde solicita la creación de 2.249 cargos.

Entretanto, se refuerza el lanzamiento de su espacio Movimiento Derecho al Futuro y llegan cuestionamientos por la utilización del aparato sindical para adquirir influencia territorial.

La dirección que adoptó Kicillof va en la dirección opuesta a la política de austeridad que pregona Milei y podría leerse como un intento de capitalizar el descontento con el experimento libertario, atinando a evocar un pasado de Estado de Bienestar que -ya hace más de una década- había conseguido la satisfacción y el respaldo de la mayoría de los argentinos.

Sin embargo, el mileismo vino a imponer un viento de cambios radicales en la administración de los recursos, con recortes exhuberantes en las partidas presupuestarias, despidos masivos y salarios demolidos por la inflación.

A pesar de que esto podía implicar un creciente malestar, el sostenimiento de la asistencia a los sectores más vulnerables y el control del fenómeno inflacionario le permiten al Gobierno conservar niveles de imagen positiva más que aceptables para las decisione que ha tomado. Situación que deberá ser verificada en las elecciones legislativas de octubre.

Por contraste, el inconveniente del programa de Kicillof es que comienza a asfixiar las posibilidades de afrontar el gasto creciente que implica la expansión constante de empleados. Un informe confeccionado por la Legislatura bonaerense precisa que casi la mitad del presupuesto provincial se destina al pago de salarios en la actualidad.

Paralelamente a los 2.249 cargos que pidió el gobernador en el Presupuesto, se sostiene una estructura de más de 1.800 cargos políticos, cifra que casi llega a triplicar los 769 funcionarios que tenía la administración precedente de María Eugenia Vidal. Situación ilustrada de manera eficaz si se recuerda la acogida en la estructura bonaerense de numerosos funcionarios nacionales del Frente de Todos eyectados tras la derrota electoral de Sergio Massa.

Pero el cese de las transferencias discrecionales desde Nación -reservadas en la era libertaria para negociar votos en el Congreso con los gobernadores- agudiza aún más el laberinto financiero de expandir el gasto siendo figura de la oposición intransigente.

En el pasado reciente, esta condición le costó a la Provincia de Buenos Aires -y más tarde a la Argentina definitivamente- perder la multimillonaria inversión de Petronas en la Planta de Gas Natural Licuado (GNL) que iba a instalarse en Bahía Blanca pero el Gobierno a través de YPF intentó mudar a Río Negro por la negativa de Kicillof a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Meses después, el director de YPF anunció el retiro del proyecto por su inviabilidad.

Lo cierto es que, aún contra toda posibilidad de financiamiento externo, el gobernador no negocia su estrategia de expansión estatal y para esto envió a la cámara alta un proyecto para tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares y emitir Letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera.

Entre los fundamentos del requerimiento, el ex kirchnerista alegó que busca regularizar atrasos del Tesoro, pagar compromisos de deuda y conformar Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Además, a partir de los créditos busca cancelar el cobro de deudas a municipios por fondos como el del COVID-19.

Por el momento, el sendero del gobernador parece encontrar numerosos escollos, ya que a la predecible resistencia del PRO y los libertarios -que cocinan a fuego lento un frente electoral en provincia mientras en la ciudad se enfrentan encarnizadamente- encuentran el inesperado enemigo interno de los legisladores que responden a Cristina y que, a menudo, se han comportado como un bloque opositor más.

Las aspiraciones de liderazgo de Kicillof, apoyado en su incipiente movimiento y en una estructura en desarrollo, cuentan con la resistencia de libertarios, macristas y kirchneristas por igual. La posibilidad de ofrecer cargos puede constituir una posibilidad de comenzar a enfriar el frente interno, aunque será difícil desactivarlo si no se muestra complaciente con los pedidos de 'La Jefa'.

Por último, pero no menos importante: paralelamente a la deuda, la financiación crece por el lado más antipático para el electorado, que es el aumento de la presión impositiva. Detalle nada menor si, al final del día, todos los esfuerzos se dan en pos de intenciones de crecimiento electoral.

La ley Fiscal que se aprobó en diciembre prevé incrementos de hasta el 270% en impuestos patrimoniales, como el inmobiliario y el automotor. Aunque Kicillof aún no activó el tope de actualización en la cuota de junio, la carga sobre contribuyentes y empresas ya hace ruido.