PANORAMA Y ANÁLISIS
Mientras miles de bonaerenses transitan rutas destruidas, enfrentan demoras en el transporte público y padecen la falta de controles efectivos en materia de seguridad vial. Sin embargo, el Ministerio de Transporte de la Provincia parece concentrar todos sus esfuerzos en rectificar con precisión matemática el valor de las multas.
Mediante una reciente resolución, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial decidió reducir el valor de la Unidad Fija (UF) —parámetro utilizado para calcular las sanciones de tránsito— de $1506 a $1416, en función de una baja en el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino. La medida estará vigente entre el 6 de mayo y el 30 de junio.
Aunque la decisión se presenta como un gesto de “transparencia y legalidad”, lo cierto es que el Ministerio de Transporte parece más preocupado por ajustar planillas que por resolver los problemas estructurales del sistema vial provincial. La infraestructura está en estado crítico, con rutas provinciales colapsadas, señalética ausente y un sistema de control que brilla por su ausencia en vastas zonas del conurbano y del interior.
La contradicción es evidente: se corrige el valor de las multas al peso exacto, pero no se destinan recursos suficientes a mejorar el estado de las calles, la iluminación de los caminos rurales o el funcionamiento de los trenes y colectivos, cada vez más abandonados.
Tampoco se plantea una revisión real del sistema sancionatorio, que sigue siendo regresivo e inequitativo, afectando mucho más a los trabajadores y a las familias de bajos recursos que a los grandes infractores con capacidad de pago. No se habla de educación vial, ni de prevención, ni de inversión pública, pero sí se actúa con celeridad cuando se trata de recalcular montos para recaudar.
En vez de actuar como un garante de la seguridad vial, el Ministerio de Transporte se comporta como un organismo recaudador disfrazado de autoridad de control, ausente donde más se lo necesita, pero presente a la hora de ajustar los números para las arcas del Estado.
Una vez más, el Gobierno bonaerense muestra cuáles son sus verdaderas prioridades: no importa cuán rota esté la ruta, mientras esté claro cuánto vas a pagar si cometés un error en ella.
