El Gobierno Nacional anunció mediante decreto la intervención de la empresa Corredores Viales S.A., encargada de la gestión de rutas y peajes en el país, y abrió una instancia de incertidumbre para los empleados, que temen despidos en medio de la reestructuración.

Esta medida se enmarca dentro de una investigación profunda que busca esclarecer la situación actual de la empresa y optimizar su funcionamiento de cara a un futuro proceso de privatización.

Además, abre una disputa política interna en el Gobierno, ya que la intervención le arrebató la administración de la empresa al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pasando a la órbita de Eduardo "Lule" Menem, armador político del oficialismo de estrecho vínculo con Karina Milei.

Corredores Viales S.A. fue constituida en el ámbito del entonces Ministerio de Transporte, con el objetivo de gestionar la construcción, mejora, mantenimiento y explotación de diversos corredores viales nacionales. La empresa, que cuenta con un capital social mayoritariamente estatal, ha sido objeto de múltiples decretos y leyes que han moldeado su estructura y funciones a lo largo de los años.

El Decreto 244/2025, publicado este jueves, dispone la intervención de la empresa y designa a Anastasia  María de los Ángeles Adem como interventora. Adem, quien fuera gerente general de la Casa de la Moneda entre 2020 y 2023, responde ahora al subsecretario de gestión institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Entre las facultades otorgadas a la interventora, se encuentran la realización de una auditoría de gestión, la evaluación del estado financiero y orgánico de la empresa, la elaboración de un plan de acción y readecuación, y la revisión de la administración de compras y contrataciones. Asimismo, Adem tendrá la potestad de designar y remover funcionarios y personal de la sociedad, y de presentar la rendición de cuentas correspondiente.

Se busca garantizar la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa.

El proceso genera un estado de alerta entre los casi 4.000 empleados de la empresa, habida cuenta del desguace generalizado que el Gobierno ha ejecutado en diversos organismos y dependencias en pos del superávit fiscal y la administración austera de los recursos públicos.

Paralelamente, abre una nueva tensión al interior de la estructura de Gobierno entre Caputo y Lule Menem en la lucha por el control de una empresa estratégica para el desarrollo de la infraestructura vial del país.

La intervención y el proceso de privatización que se avecina serán un campo de batalla donde se dirimirán intereses y visiones opuestas sobre el futuro de Corredores Viales S.A., y se desarrollará bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.

El Gobierno instruyó a la cartera de Hacienda, con la asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a adoptar las medidas necesarias para concretar la disolución y posterior liquidación de la sociedad.

La intervención de la empresa y la designación de Anastasia Adem como interventora son pasos cruciales en este proceso. La auditoría y el plan de acción que se elaboren serán fundamentales para la transición, que busca optimizar la gestión de la empresa y asegurar la sustentabilidad de sus operaciones durante el período de transición.